1a. XX/2001 Tesis Aislada9a. ÉpocaS.C.J.N.Administrativa, Constitucional
PROTECCIÓN CIVIL. LA LEY RELATIVA PARA EL ESTADO DE MORELOS QUE ESTABLECE DISPOSICIONES TENDIENTES A LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y AUXILIO DE LA POBLACIÓN ESTATAL ANTE SITUACIONES DE GRAVE RIESGO COLECTIVO, NO INVADE LA ESFERA DE FACULTADES CONSTITUCIONALES DE LA FEDERACIÓN.
[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIII, Mayo de 2001; Pág. 283
La referida ley, expedida por el Congreso Local en uso de la facultad que le otorga la fracción VI del artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Morelos, que tiene por objeto establecer y reglamentar las acciones de protección civil relativas a la prevención y salvaguarda de las personas, sus bienes y su entorno ecológico, así como el funcionamiento de los servicios públicos y su equipamiento estratégico en caso de situaciones de grave riesgo colectivo o desastre, que se presenten dentro del territorio de ese Estado por agentes naturales o humanos, no invade la esfera de facultades de la Federación. Ello es así, porque la facultad para legislar en materia de salubridad no es exclusiva del Congreso de la Unión, pues si bien el artículo
73, fracción XVI, de la Constitución Federal
consigna la atribución a favor de dicho órgano legislativo para dictar leyes sobre salubridad general de la República, indicando cuáles reglas se deben seguir para su control y regulación, de su texto no se infiere que sea una facultad privativa legislar en dicha materia, ya que también los Estados de la Federación pueden decretar disposiciones en cuanto a la salubridad local. Además, conforme al contenido del artículo
124 de la Ley Fundamental
, las facultades no otorgadas expresamente a los funcionarios federales se entienden reservadas a los funcionarios estatales, por lo que si la facultad mencionada se encuentra reservada en forma expresa sólo en el renglón de salubridad general, es inconcuso que corresponde a los funcionarios estatales legislar sobre salubridad local.
Precedentes
Amparo en revisión 609/96. Pedro Arroyo Romero. 5 de julio de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.
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