DENUNCIA PENAL. SU PRESENTACIÓN POR REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS MORALES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 159, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE COAHUILA).

Este artículo establece: "Intervención de apoderados. No se admitirá intervención de apoderado jurídico para la presentación de denuncias, salvo en el caso de personas morales que podrán actuar por conducto de apoderado general para pleitos y cobranzas. Las querellas formuladas en representación de personas morales, se admitirán cuando el apoderado tenga un poder general para pleitos y cobranzas, con cláusula especial para formular querellas, sin que sean necesarios acuerdo o ratificación del consejo de administración o de la asamblea de socios o accionistas, poder especial para el caso determinado, ni instrucciones concretas del mandante.-Si en el delito perseguible de oficio que aparezca cometido en contra de persona moral, quien formula la denuncia no acredita su representación legal o ser apoderado jurídico, la denuncia se tendrá por hecha a nombre y bajo responsabilidad de la persona física que la formule y sólo procederá si acredita tener interés jurídico como socio, accionista o miembro de la persona moral, en el tiempo que aparezca cometido el hecho delictivo de que se trate.". El segundo párrafo del precepto transcrito no resulta violatorio de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional , en tanto que no se priva de la libertad a una persona con motivo de una denuncia penal presentada en su contra por una persona física, que tenga el carácter de socio, accionista o miembro de la persona moral afectada, en tanto que la función del denunciante se limita a dar parte a la autoridad investigadora de la posible comisión de un delito, en virtud de que una vez que se presente la denuncia, será el Ministerio Público el encargado de cumplir sus funciones de averiguar y, en su caso, de ejercer la acción penal, sin que la actuación del denunciante tenga legalmente relevancia alguna, para suspender ni para poner término al procedimiento iniciado.