SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA (PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE DICIEMBRE DE 1995), QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE DICHO ÓRGANO DESCONCENTRADO PARA EMITIR REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXI/2003 , esgrimió las razones y naturaleza jurídica de las cláusulas habilitantes. Por otra parte, el referido Pleno, en la tesis aislada P. XII/2002 , consideró que las reglas generales administrativas emitidas por una Secretaría de Estado con base en una cláusula habilitante para tal fin, no constituye una delegación de facultades. En ese sentido, el precepto legal mencionado al establecer que el Presidente del Servicio de Administración Tributaria cuenta con la facultad para expedir las disposiciones administrativas necesarias para aplicar eficientemente la legislación fiscal y aduanera, haciendo del conocimiento de la Junta de Gobierno aquellas que considere de especial relevancia, no viola los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en virtud de que el Congreso de la Unión está facultado constitucionalmente por los artículos 73, fracción XXX, y 90 de la Ley Fundamental para autorizar al referido órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir reglas generales administrativas dentro de un marco o cuadro de acción determinado por una finalidad clara (eficientar la aplicación de la legislación que le compete) y con condiciones para ello (comunicar aquellas disposiciones al órgano principal de dicha autoridad), de lo que se advierte que esa transferencia de facultades normativas posibilita las condiciones para alcanzar certidumbre (saber a que atenerse) en la aplicación del conjunto normativo referido, reglas generales administrativas que se encuentran sujetas a los límites inmanentes derivados del propio texto constitucional y que pueden ser objeto de escrutinio judicial por parte de los tribunales a través de los medios de defensa correspondientes.