AMPARO CONTRA LEYES. EL RECONOCIMIENTO HECHO POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LEGISLATIVAS AL RENDIR SUS INFORMES JUSTIFICADOS EN CUANTO A LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, SIN EXPRESAR ARGUMENTOS PARA DEFENDER LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, NO ACREDITA SU CONTRAVENCIÓN A LA CONSTITUCIÓN GENERAL.

En términos del artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , los particulares tienen el derecho fundamental a que se les imparta justicia de manera completa, esto es, que ante el planteamiento de una pretensión, el órgano jurisdiccional se pronuncie respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio fuera necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución que determine si le asiste o no razón sobre los derechos garantizados por la tutela jurisdiccional que ha solicitado. En consecuencia y con independencia de las afirmaciones hechas en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables o de las omisiones en las cuales se incurra en esos documentos, lo cierto es que en los juicios de amparo en los cuales se plantee la violación de alguna norma jurídica a la Constitución General de la República, existe obligación constitucional del órgano resolutor de examinar el tema relativo a la inconstitucionalidad de leyes, pues sólo de esa manera se verá respetado el derecho público subjetivo aludido.