CONEXIDAD DE DELITOS. EFECTOS DE LA VIOLACIÓN AL DEBIDO EJERCICIO DE LA COMPETENCIA EXCEPCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 45/2010).

En términos del artículo 73, fracción XXI, párrafo segundo de la Constitución Federal , la competencia excepcional por conexidad de delitos es la facultad que dota al Ministerio Público de la Federación y a las autoridades judiciales federales para conocer de delitos del fuero común que tengan conexidad con algún ilícito federal. Ahora bien, en virtud de que la competencia es un elemento de orden público, es necesario que en el proceso penal este presupuesto se cumpla para validar su constitucionalidad. Ello es así, porque la figura de la conexidad comprende la aplicación concreta de las normas de previsión de las conductas delictivas y de sanción en atención al carácter federal o local de los ilícitos que se concretan. Así, como fundamento jurídico para el delito del fuero federal, deben aplicarse las normas penales respectivas de carácter federal y para el delito local, la previsión normativa debe sustentarse en el ordenamiento jurídico penal de la entidad federativa correspondiente. Cabe precisar que el proceso penal tendrá que instruirse de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Penales, por ser la norma que rige la sustanciación del juicio ante el juzgador federal. Además, debe tenerse en cuenta que un juez federal solamente puede conocer de un asunto que actualice el supuesto de competencia excepcional por conexidad, cuando el Ministerio Público de la Federación determine atraer la investigación por un delito del fuero común que tenga conexidad con alguno de carácter federal y ejerza acción penal por los mismos. Sin embargo, cuando el Fiscal de la Federación funde la previsión de un delito del fuero común en normas penales de carácter federal y no en el ordenamiento penal estatal que resulte aplicable, la autoridad judicial que conozca del asunto estará en la posibilidad de delimitar el correcto ejercicio de la competencia constitucional por conexidad de delitos, mediante la precisión de las normas penales aplicables en atención al carácter federal o local de cada uno de los ilícitos, al momento en que resuelva el pedimento de orden de aprehensión o dicte el auto de plazo constitucional. De no acontecer lo anterior y la violación al ejercicio debido de la referida competencia por conexidad de delitos se advierta en un juicio de amparo que se promueva contra alguna de las resoluciones judiciales dictadas en el proceso penal federal, en las que se determina la situación jurídica del encausado, el órgano de control constitucional deberá conceder la protección de la Justicia Federal para el efecto de que se resarza plenamente la violación constitucional detectada en el proceso penal, cuyo alcance dependerá de la etapa en que éste se encuentre, pero en ningún caso implicará su anulación total.