DEMANDA DE NULIDAD INTERPUESTA POR CORREO. EL ARTÍCULO 13, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL DISPONER QUE DEBE DEPOSITARSE EN EL LUGAR DONDE RESIDE EL DEMANDANTE, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

El artículo 13, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al establecer que la demanda con la que se da inicio al juicio de nulidad puede ser presentada vía correo certificado del Servicio Postal Mexicano cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala que deba conocer del asunto, siempre y cuando el envío se efectúe en el lugar en que resida, resulta violatorio de lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, así como en los diversos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues si bien prevé dicho mecanismo de presentación para evitar que los gobernados tengan que trasladarse hasta la sede del órgano jurisdiccional, evitándoles gastos de trasporte y facilitándoles el acceso a la justicia contencioso administrativa, la condicionante referida resulta injustificada e inexplicable, puesto que desconoce que, en la práctica, puede existir un gran número de circunstancias por las cuales la parte actora se encuentre, al momento en que deba presentar su demanda de nulidad, en un lugar distinto de donde reside regularmente, sin que se advierta la existencia de una causa objetiva y razonable para que no pueda hacerlo desde donde se encuentre. Lo anterior es así, pues permitir que la demanda sea presentada por correo desde cualquier lugar donde se encuentre el interesado, en sí mismo no representa ninguna ventaja indebida para el actor en perjuicio del demandado, en tanto que no se traduce en la ampliación del término que tiene para impugnar el acto en cuestión, ni en que quede eximido de cumplir con los requisitos procesales correspondientes, y en cambio resulta una medida efectiva para evitarle gastos innecesarios de transporte y permitirle acceder a la justicia, pues en los casos referidos el texto de la norma lo obliga a regresar a su domicilio habitual a presentar la demanda por correo, o a acudir a la ciudad donde se encuentre la sede de la Sala competente para entregarla directamente. En otras palabras, no se advierte qué bien jurídico o institución procesal se pretende salvaguardar con la prohibición de presentar la demanda en una oficina de correos distinta a la del lugar habitual de residencia del actor, a pesar de que el propio artículo establece que podrá señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en cualquier parte de la República -o incluso por Internet cuando se opte por el juicio en línea-, siendo así contradictorio que se le exija presentar la demanda en un solo lugar, y después se le permita recibir notificaciones por correo en cualquier otro sitio del país; sobre todo en una época donde muchas personas encuentran su sustento en actividades económicas, profesionales o comerciales que suelen llevar a cabo sin tener una residencia permanente, fenómeno frente al cual el Estado debe responder con normas que sean acordes a una realidad económica, social y cultural de gran dinamismo, enmarcada en un entorno globalizado, donde la geografía deja de ser un punto de referencia importante para la determinación de los derechos de los individuos. Desde otra perspectiva, el precepto que se examina limita indirectamente la defensa del gobernado, pues lo sujeta a buscar asesoría jurídica en su lugar de origen o, en caso de pedirla fuera de él, a realizar un doble traslado para regresar y presentarla en el primero, lo cual hace que dicha exigencia se torne innecesaria, exagerada y finalmente gravosa, tanto en lo económico como en la disponibilidad de tiempo, que en estos casos es un elemento de gran valor, porque es implacable y no se puede manejar caprichosamente. Así, el precepto referido no resiste un test de proporcionalidad, puesto que no se advierte cuál pudiera ser el fin constitucionalmente válido o legítimo que se persiga con tal limitación al derecho fundamental de acceso a la justicia, y no existiendo tal finalidad, menos puede determinarse si la medida controvertida es apta para conseguirlo; si pudiera existir una menos gravosa para lograrlo bajo el principio de mínima intervención, o si tal medida procura algún beneficio mayor que justifique la intervención o limitación del derecho que, en principio, tiene todo gobernado para presentar una demanda de nulidad por correo a fin de no trasladarse hasta la sede del órgano jurisdiccional correspondiente. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.