SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN Y/O NEGATIVA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCIÓN A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DE SEGURIDAD, CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ESTÁN EN RIESGO SUS BIENES O INTEGRIDAD PERSONAL, PARA EL SOLO EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO DICHA VISITA.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación define a los actos de naturaleza negativa, como aquellos en que la autoridad responsable se rehúsa, omite o se abstiene de hacer algo. En estas condiciones, si bien es cierto que ese Máximo Tribunal sostiene que cuando el juicio se promueve contra actos negativos, no procede conceder la suspensión, porque sería tanto como darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva, también lo es que precisó que si los actos contra los que se pide amparo, aunque aparentemente negativos, tienen efectos positivos, procede conceder contra ellos la suspensión. Por tanto, si el juicio de amparo se promovió contra la omisión y/o negativa de la autoridad administrativa de realizar una visita de inspección para determinar la procedencia de medidas de seguridad respecto de los trabajos de construcción y excavación realizados en un predio colindante al del quejoso, por existir denuncia de éste y manifestación, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que las obras urbanas generan riesgo de afectación a sus bienes o a su persona, procede conceder la suspensión provisional para el solo efecto de que se lleve a cabo dicha visita en la que, bajo su más estricta responsabilidad, la autoridad competente dictamine la existencia de los hechos narrados como de riesgo y, en su caso, determine la procedencia de la aplicación de medidas cautelares, aun cuando se trate de actos de naturaleza omisiva y simultáneamente negativa, dados sus efectos positivos, consistentes en que, ante la falta de visita de inspección o vigilancia, los trabajos se desarrollen sin que la administración haya determinado, en función de la denuncia presentada, la posible existencia o no de daños y riesgos que el solicitante de la medida cautelar manifiesta sufrir en sus bienes y en su persona y, en consecuencia, sin que haya aplicado las medidas que, en su caso, podrían ser necesarias para evitarlos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.