EXTINCIÓN DE DOMINIO. AL TENER SU ORIGEN O CAUSA DE PEDIR EN LA EXISTENCIA DE UN HECHO ILÍCITO DERIVADO DE LAS PRUEBAS EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA O EN UN PROCEDIMIENTO PENAL, AQUELLA ACCIÓN NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

La última reforma al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, establece expresamente la carga de la prueba para la parte acusadora en el procedimiento penal, por lo que es el agente del Ministerio Público quien debe demostrar la culpabilidad y los elementos que establezca el tipo penal; así lo señala la fracción V del apartado A del citado precepto; correlativamente a esa carga probatoria la fracción I del apartado B del mismo artículo, denominado "De los derechos de toda persona imputada", dispone la presunción de inocencia en su favor cuando ésta esté sujeta a un procedimiento penal, cuyo carácter procesal o adjetivo incide en todo el procedimiento y, al dictarse la sentencia respectiva, porque como toda presunción legal constituye una verdad, es decir, un hecho que debe tenerse como preexistente en el procedimiento penal que admite prueba en contrario, lo que se consagra también en otro principio procesal constitucional que rige a la sentencia penal en la fracción VIII del apartado A del referido artículo 20 que precisa que el Juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. De manera que la presunción de inocencia reconoce una calidad y dignidad a toda persona imputada y configura un hecho que es una prueba preexistente en favor del imputado, indiciado, procesado, acusado o inculpado, por lo que tiene que estar desvirtuado plenamente con los elementos de prueba que aporte la parte acusadora sobre los elementos de existencia del cuerpo del delito y su plena culpabilidad. Entonces, se trata de un principio procesal constitucional en favor de la persona, pero que por esa misma naturaleza de prueba preexistente en favor del imputado, no puede hacerse extensiva ni tener cobertura para la sentencia que se dicta en la acción de extinción de dominio, porque esta figura también está prevista con rango constitucional, cuyas bases prescinden del resultado de la sentencia dictada en el procedimiento penal sobre la responsabilidad del procesado. Por otra parte, en esa misma reforma de dos mil ocho, el Poder Reformador de la Constitución otorgó a la acción de extinción de dominio una naturaleza objetiva y patrimonial, que incide en el derecho real de propiedad sobre la base de que un bien está relacionado o vinculado a un hecho ilícito. La autonomía de la acción de extinción de dominio respecto del procedimiento penal no implica desconocer el origen o causa de pedir que la sustenta en todos los casos, y que es la información que llega al Ministerio Público de que existe un hecho ilícito y un bien o bienes que están en los supuestos constitucionales y legales de los delitos respectivos. Esto es, la acción de extinción de dominio necesariamente tiene su causa de pedir en la existencia de un hecho ilícito derivado de las pruebas que existen en una averiguación previa o en un procedimiento penal; por lo que acorde a ese origen no es extraño ni contrario a la presunción de inocencia, que la sentencia respectiva se pueda fundar en esas pruebas; puesto que la parte demandada, y los terceros afectados llamados a juicio tienen en el juicio de extinción de dominio, el derecho de contradicción, es decir, la posibilidad de contestar la demanda en la que puedan oponer sus excepciones y defensas, ofrecer pruebas para que se desahoguen y valoren en juicio, y el derecho a la impugnación a través de recursos. Ahora bien, el hecho de que la acción de extinción de dominio se funde en las actuaciones de la averiguación previa o del procedimiento penal, no desdice ni contradice la autonomía que de esa acción establece el artículo 22 constitucional, porque el origen del hecho ilícito y su existencia se surten a partir de tales actuaciones, por lo que es ese hecho el que constituye el fundamento fáctico de tal acción; mientras que la autonomía se actualiza con relación a que la sentencia que se dicte no dependerá de que se determine la responsabilidad del procesado, porque ni siquiera su muerte incide en el curso de la acción de extinción de dominio. De ahí que no se transgrede el principio de presunción de inocencia que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.