Consultado en precedentelegal.com · https://www.precedentelegal.com/tesis/2009295
PC.XVI.A. J/9 A (10a.)Jurisprudencia10a. ÉpocaPlenos de CircuitoComún
- Registro digital (IUS)
- 2009295
- Clave de tesis
- PC.XVI.A. J/9 A (10a.)
- Tipo
- Jurisprudencia
- Época
- 10a. Época
- Instancia
- Plenos de Circuito
- Materia
- Común
- Fuente
- [J]; 10a. Época; Plenos de Circuito; Gaceta S.J.F.; Libro 19, Junio de 2015; Tomo II; Pág. 1397
- Publicación
- 2015-06-05
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. DEBE NEGARSE CONTRA LA APLICACIÓN DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA TARIFARIA, POR EL QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN TARIFARIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE URBANO EN RUTA FIJA DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, VIGENTE A PARTIR DEL 14 DE ABRIL DE 2014 A ENERO DE 2016, PORQUE EL COBRO DE LA NUEVA TARIFA NO ES EFECTO DEL ACTO DE AUTORIDAD CITADO, NI PUEDE REPUTARSE COMO EQUIVALENTE A ÉSTE.
[J]; 10a. Época; Plenos de Circuito; Gaceta S.J.F.; Libro 19, Junio de 2015; Tomo II; Pág. 1397
El servicio público referido se presta en esa demarcación a través de la figura jurídica de la concesión, la cual jurisprudencial y doctrinariamente se concibe como un acto administrativo mixto, en el que coexisten elementos reglamentarios y contractuales, entendidos los primeros como las normas a las que ha de sujetarse el funcionamiento del servicio y, por los segundos, los orientados a proteger el interés legítimo del concesionario, al crear a su favor una situación jurídica individual que no puede modificarse unilateralmente por la administración y que se constituye por las cláusulas que conceden ventajas económicas que representan la garantía de sus inversiones y la posibilidad de mantener el equilibrio financiero de la empresa. Ahora bien, aun cuando la concesión está investida de una porción de los poderes y atributos de la administración, tal aspecto no transforma al concesionario en funcionario público ni la empresa de concesión queda incorporada a la administración pública. Luego, tomando en cuenta la naturaleza jurídica de la concesión administrativa, se concluye que el cobro efectuado a los usuarios del servicio a manera de contraprestación, el cual debe ser suficiente para cubrir los costos fijos y variables de operación e inversión, así como para generar una utilidad razonable al concesionario, no puede reputarse como un acto de autoridad ni tampoco como un efecto de éste, porque la autorización de las nuevas tarifas es un acto distinto a su cobro, ya que este último, entendido como el derecho del concesionario para percibir el monto del pasaje, subyace en el otorgamiento de la concesión administrativa y no en el acto de autoridad que incrementó el costo. Por tanto, la aplicación del acuerdo de la Comisión Mixta Tarifaria, por el que se aprueba la actualización de la tarifa del servicio público de personas en la modalidad de urbano en ruta fija del Municipio de León, Guanajuato, vigente del 14 de abril de 2014 a enero de 2016, no constituye un efecto del acto de autoridad ni puede reputarse como uno equivalente y, precisamente por ello, respecto de la aplicación del nuevo precio, no procede conceder la suspensión definitiva.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO.
Precedentes
Contradicción de tesis 9/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 24 de febrero de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados José de Jesús Quesada Sánchez, Víctor Manuel Estrada Jungo, Arturo Hernández Torres y Ariel Alberto Rojas Caballero. Disidentes: José Gerardo Mendoza Gutiérrez y Enrique Villanueva Chávez. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Javier Cruz Vázquez.
Tesis y/o criterios contendientes:
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el incidente en revisión administrativa 109/2014, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver los incidentes en revisión administrativa 114/2014 y 121/2014.
Tesis relacionadas
- MULTA POR DAR VUELTA A LA IZQUIERDA SOBRE CALLES O AVENIDAS EN LAS QUE TRANSITA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO RED URBANA DE TRANSPORTE ARTICULADO (RUTA), EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. SU MONTO NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, POR NO ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE UN RESULTADO.
- DELITO CONTRA LA SALUD EN LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE Y POSESIÓN. EL ARTÍCULO 195 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL ESTABLECER PARA ÉSTA UNA SANCIÓN ATENUADA RESPECTO DE LA PREVISTA EN EL DIVERSO 194, EN CASO DE QUE LA POSESIÓN DEL NARCÓTICO NO PUEDA CONSIDERARSE DESTINADA, ENTRE OTRAS, AL TRANSPORTE, EVITA LA APLICACIÓN DE PENAS DESPROPORCIONADAS PARA CONDUCTAS REPROCHABLES QUE SÓLO DIFIEREN EN GRADO.
- MULTA FIJA. EL APARTADO DEL ACUERDO DEL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA, POR EL QUE ESTABLECE EL TABULADOR DE INFRACCIONES PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE Y SERVICIO MERCANTIL, QUE PREVÉ SU IMPOSICIÓN A QUIENES LLEVEN A CABO LA CONDUCTA DESCRITA EN EL ARTÍCULO 168, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA, VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
- OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO. SE PUEDE ANALIZAR DESDE EL AUTO INICIAL CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA COMO ESTIGMATIZANTE, PERO NO SE CUMPLEN LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA TESIS 1a. CCLXXXIV/2014 (10a.).
- LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO. LA TIENE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN PARA RECLAMAR, EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA, LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO AGRARIO EN EL QUE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES FUE PARTE Y SE LE CONDENÓ AL PAGO INDEMNIZATORIO QUE RESULTARA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL AVALÚO CORRESPONDIENTE POR LA AFECTACIÓN DE TIERRAS.
- SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE O MERCANTIL. CONCESIONES Y/O PERMISOS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN O QUEJA, CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 214 BIS, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE SURTE A FAVOR DE UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.