COMPETENCIA POR TERRITORIO EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO INCAUSADO Y ALIMENTOS. NO DEBE ESTABLECERSE UNA REGLA GENERAL NI UNA EXCEPCIÓN ESPECÍFICA PARA DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR LAS REGLAS ORDINARIAS DE AQUÉLLA, PUES TIENE QUE ATENDERSE A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO CONCRETO, A FIN DE ESTABLECER CUÁNDO PROCEDE, EN VIRTUD DE QUE PUEDE VULNERARSE EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR [MODIFICACIÓN DE LA TESIS I.11o.C.4 C (10a.)].

Una nueva reflexión y análisis del tema abordado en el criterio sostenido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis I.11o.C.4 C (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, página 1668, de rubro: "COMPETENCIA EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO INCAUSADO Y ALIMENTOS. ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y AL PRINCIPIO PRO HOMINE EN EL EXAMEN DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEBE PREVALECER LA REGLA DE COMPETENCIA ESPECIAL A FAVOR DEL ACTOR O ACREEDOR ALIMENTARIO, SOBRE LA GENÉRICA QUE ATIENDE AL DOMICILIO CONYUGAL DE LOS DIVORCIANTES.", lleva a modificarlo, toda vez que no en todos los juicios donde se ventile la obligación de alimentos, debe fijarse la competencia por razón de territorio, en el lugar donde habiten los acreedores alimentarios, pues no necesariamente es un indicador de la afectación al interés superior de la infancia el que en determinado juicio se ventile lo relativo a la obligación alimentaria y el acreedor o los acreedores sean menores de edad que habiten en un lugar distinto a la jurisdicción donde se desarrolle el procedimiento, ya que para determinar si dicha situación conlleva un menoscabo al interés superior del menor que debe ser considerado como cuestión primordial frente a cualquier otro tipo de interés, es necesario que el juzgador evalúe caso por caso las circunstancias que rodean al infante posiblemente afectado y así evaluar conforme a factores racionales si el desahogar el juicio en lugar distinto al domicilio del menor, pone en riesgo los derechos de la infancia y, por ende, sea necesario modificar la competencia territorial del órgano jurisdiccional. Tampoco puede establecerse una regla general respecto a que todos los asuntos donde se diriman cuestiones relacionadas con la obligación alimentaria y/o guarda y custodia, deban ventilarse en la jurisdicción del domicilio del menor o menores que tengan el carácter de acreedor o acreedores alimentarios. En el caso, aun cuando la acción se trate de la solicitud de divorcio sin expresión de causa, sin que exista un reclamo destacado o como acción principal, relativa al pago de alimentos, el Alto Tribunal del País ha establecido que si bien la petición de divorcio no es la única pretensión en este tipo de procedimientos, sino también la resolución de las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial como las relativas a alimentos y/o guarda y custodia de los hijos, ello por sí mismo es insuficiente para llevar a cabo una variación de las reglas competenciales por territorio, que rigen al divorcio donde será competente el órgano jurisdiccional del último domicilio conyugal. Por tanto, se concluye que el principio del interés superior de la infancia, al ser una obligación que debe inmiscuirse en todas las medidas y los asuntos relacionados con ella, ya sea realizados por entes públicos o privados, y al conocer que es un concepto que presenta una triple dimensión como derecho sustantivo, criterio interpretativo y norma de procedimiento, es claro que su aplicación no se limita a los derechos sustantivos de la infancia, sino también incide y debe aplicarse sobre los derechos adjetivos y formalidades esenciales del procedimiento por lo que, en consecuencia, éstos pueden ser válidamente modificados o ceder ante los efectos de la aplicación del principio del interés superior de la infancia. Lo que a priori indica que las reglas de competencia de la jurisdicción de los tribunales para conocer de un asunto en que se ventilen derechos de la infancia, pueden modificarse y regularse con el objeto de atender al principio del interés superior del niño, siempre que éste se encuentre evaluado, así como primordialmente justificado y ponderado el porqué de la necesidad de su variación. Mientras que, en otros casos, después de realizar dicha evaluación pueda concluirse que no hay motivo ni justificación suficiente que incline a determinar que las reglas competenciales deban ser modificadas, ni dar un privilegio competencial al menor en detrimento de las demás partes del juicio, especialmente en aquellos casos en los que después de considerar el interés superior de la infancia como cuestión primordial a cualquier otro interés de terceros o, incluso, el de orden público del que reviste la competencia de los órganos jurisdiccionales, se concluya que no hay afectación a los derechos del infante. Lo anterior conduce a estimar que no puede establecerse una regla general ni una excepción específica para efectos de determinar la posibilidad de modificar las reglas ordinarias de competencia, pues deberá atenderse a las circunstancias del caso concreto, a fin de establecer cuándo procede, en virtud de que pueda verse vulnerado el interés superior del menor. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.