PRÓRROGA DE JURISDICCIÓN. POR REGLA GENERAL, EL JUEZ COMPETENTE, AL RESOLVER UNA CONTROVERSIA JUDICIAL, DEBE APLICAR LA LEY DE SU JURISDICCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo citado debe interpretarse en el sentido de que en sus cuatro fracciones establece una regla para el Estado Federal respecto de la manera en que las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, se relacionan entre sí, articulando sus órdenes jurídicos para la solución de los conflictos que en ellas se susciten; ello, en la lógica de que tanto las leyes como el derecho creado por cada entidad federativa deben aplicarse y producir sus efectos en la propia entidad, lo que se traduce en que el juez competente, al resolver una controversia judicial, debe hacerlo, generalmente, conforme al derecho vigente y aplicable en su ámbito jurisdiccional, pues la competencia de los órganos judiciales no puede modificarse ni ampliarse por acuerdo expreso o tácito de las partes, es decir, sólo puede prorrogarse por la existencia de una norma que así lo determine. Por tanto, el artículo 121 de la Constitución Federal prevé una prohibición de extraterritorialidad de las normas expedidas en una entidad federativa respecto de otra, lo que se traduce en que la legislación de un Estado sólo tiene obligatoriedad en su territorio, en atención a que cada entidad federativa legisla para su propio ámbito territorial y no para uno diverso. De ahí que dicho precepto constitucional no establece una regla de competencia judicial, sino que reconoce las reglas generales de colaboración entre entidades federativas. Reglas competenciales que no siempre determinan las leyes sustantivas que serán aplicables al caso, pues si bien sí determinan jurisdicción por territorio, dependerá de la litis en concreto la competencia material que se actualice en cada caso. Esto es, si no existe una cuestión extraordinaria que justifique un conflicto entre la competencia del juzgador y la normatividad sustantiva, no ha lugar a dicha división, pues resulta absurdo obligar al juez competente a aplicar una legislación que desconoce. Así, esta Primera Sala determina que, por regla general, el juez competente debe aplicar la ley de su jurisdicción y no otra. PRIMERA SALA