OBLIGACIÓN DE PREPARAR LAS VIOLACIONES PROCESALES A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO. ES ACORDE AL TEXTO CONSTITUCIONAL.

El principio de definitividad tiene sustento en el hecho de que el amparo es un juicio cuyo objetivo se centra en erradicar la violación a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por tanto su naturaleza es extraordinaria; de ahí que a éste sólo debe acudirse cuando el acto reclamado ya no es susceptible de modificación, revocación o invalidación ante las autoridades de instancia; así, aunque las violaciones procesales no pueden reclamarse como acto destacado en el juicio de amparo directo, a éstas también les es exigible el principio en cuestión, por tanto, para que el Tribunal Colegiado de Circuito pueda ocuparse de una violación procesal -si no se está en las excepciones que el propio numeral contempla-, es indispensable que la violación procesal reclamada haya sido combatida a través del recurso que la ley ordinaria respectiva señale. Ésta es una regla institucional del propio sistema procesal, a través de la cual se favorece que las autoridades judiciales de instancia solucionen las controversias que se sujetan a su jurisdicción, y sólo en caso de que ello no sea posible, dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen el control de la jurisdicción constitucional, de ahí que al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder al juicio de amparo; esta regla no debe ser considerada como un mero requisito de carácter formal, pues encuentra su razón en el hecho de que permite delimitar los casos que realmente ameritan ser resueltos por el tribunal de amparo, convirtiéndose así en una regla operativa de tal importancia, que incluso se encuentra prevista en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, si el requisito contenido en el artículo 171 de la Ley de Amparo, el cual exige agotar los recursos ordinarios cuando en el amparo directo se reclama una violación de carácter procesal, encuentra sustento en la propia norma fundamental, es claro que esa exigencia por su naturaleza no puede resultar inconstitucional, máxime cuando el propio precepto establece una serie de hipótesis en que ese requisito no es exigible. PRIMERA SALA