DERECHOS POR SERVICIOS DE PAGO PREVIO. AL SER SU LIQUIDACIÓN UNA INTERVENCIÓN POSITIVA DE LA AUTORIDAD, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 153/2007).

El artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación prevé diversos tipos de contribuciones, entre ellas, los impuestos y los derechos. Los primeros son una prestación que establece la ley a cargo de las personas que se encuentran en una hipótesis normativa, cuya modalidad de pago es la autodeterminación, en tanto que los segundos constituyen contraprestaciones en dinero que establece el Estado conforme a la ley, con carácter obligatorio y que pueden originarse por: (i) el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación; o, (ii) la recepción de servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. A su vez, los derechos pueden ser de: (i) pago previo, cuando el otorgamiento del servicio se condicione a éste; o, (ii) pago posterior, tratándose de servicios que se prestan antes del pago correspondiente y cuya declaración es voluntaria. Ahora bien, respecto al pago de impuestos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sostuvo que la autodeterminación no es un acto de autoridad reclamable a la autoridad señalada como ejecutora en el amparo contra leyes, al constituir el producto de la voluntad del gobernado mediante el cumplimiento espontáneo y oportuno de sus obligaciones fiscales y en el que la autoridad asume una actitud pasiva frente a la recaudación voluntaria del contribuyente; sin embargo, ese criterio es inaplicable a los derechos por servicios de pago previo, toda vez que su régimen de determinación es distinto, pues en tal caso, la autoridad exactora despliega un actuar positivo al liquidar la contribución generada, que se refleja en la emisión del recibo correspondiente y también condiciona al sujeto pasivo a su pago, pues de rehusarse, no se le prestará el servicio público solicitado. Por tanto, al tener la autoridad una intervención positiva, no se está ante una autoliquidación sino ante su manifestación unilateral de la voluntad y, por ende, ante un acto de autoridad impugnable en el juicio de amparo indirecto. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.