ASPIRANTES A NOTARIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN EL AMPARO INDIRECTO LA DESIGNACIÓN DIRECTA DE NOTARIOS PROVISIONALES REALIZADA POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE DICHA ENTIDAD CON SUSTENTO EN SU FACULTAD DISCRECIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL NOTARIADO LOCAL, AL NO EXISTIR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL O CONVENCIONAL QUE ESTABLEZCA UN DERECHO OBJETIVO QUE VINCULE A ÉSTE A SUJETARSE A UN PROCEDIMIENTO REGLADO, NI A TOMAR EN CONSIDERACIÓN A UNA PERSONA DETERMINADA POR SUS CONDICIONES PERSONALES.

Conforme a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a los elementos constitutivos del interés legítimo, los cuales se encuentran reflejados, entre otras, en las jurisprudencias P./J. 50/2014 (10a.), 1a./J. 38/2016 (10a.), 2a./J. 41/2019 (10a.) y 2a./J. 51/2019 (10a.), se obtiene que para que pueda emerger el citado interés, deben saldarse múltiples exigencias de carácter concurrente, por ejemplo, la vinculada a la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún derecho objetivo susceptible de ser transgredido, ya sea de manera individual o colectiva. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 321/2018, estableció que no obstante que existía consagrado un derecho a favor de los particulares para presentar quejas o denuncias, ante la concurrencia de conductas indebidas de servidores públicos, conforme a las correspondientes legislaciones en materia de responsabilidad administrativa, no era factible que se configurara el interés legítimo, al no existir disposición constitucional o legal que vinculara a la autoridad respectiva a emitir un pronunciamiento específico, al derivar la resolución que debía adoptarse sobre dicha problemática, de una facultad exclusiva de carácter punitivo a cargo del Estado. Por su parte, de los numerales 77, fracción XXXVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 14 de la Ley del Notariado local se advierte que, dentro del cúmulo de facultades con las que cuenta el gobernador de esa entidad federativa, como autoridad elegida democráticamente, se encuentra una de carácter discrecional, dirigida a nombrar notarios provisionales de manera directa, de entre una diversidad de sujetos con cualidades determinadas, cuyo propósito estriba en que las notarías de nueva creación o vacantes funcionen en óptimas condiciones hasta que se nombre a un titular, es decir, ese tipo de designación tiene como finalidad la normalización de una situación institucional por un tiempo determinado. En consecuencia, y atento a la naturaleza de la designación directa de los notarios provisionales, que tiene su génesis en el ejercicio de una facultad discrecional, deriva que la persona que tenga formalmente reconocida la calidad de aspirante a notario carece de interés legítimo para reclamar en sede constitucional ese nombramiento, en virtud de que ese entorno no incorpora a su esfera de derechos, ni aun de manera indirecta, uno de carácter objetivo, oponible al citado gobernador en la hipótesis de referencia, en tanto que, de concluir en sentido adverso, se llegaría al extremo de avalar que cualquier designación directa emanada de una facultad discrecional de un poder político fuera revisable por el Poder Judicial de la Federación mediante el amparo indirecto, con motivo de la inconformidad de quienes, a pesar de ser elegibles para el puesto condigno, como en el caso de los aspirantes a notarios, se crean con mayor capacitación o con un mejor derecho para acceder a ese puesto de manera provisional que la persona que al final fue nombrada, lo cual, de suyo desnaturalizaría la potestad discrecional que se distingue por la noción de "elegibilidad y la libertad de actuar o abstenerse", al grado de eliminar esa figura del ordenamiento jurídico, al someterla a un procedimiento reglado, o bien, a constreñir al titular del Ejecutivo estatal a tomar en consideración las condiciones personales del aspirante quejoso, no obstante que el legislador no previó esos aspectos al crear la norma; sin que tampoco sea dable aseverar que el artículo 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce un derecho objetivo de ser considerado, en condiciones generales de igualdad, para el nombramiento de un notario provisional, vía designación directa, ya que la lectura crítica de ese precepto no llega al extremo de suprimir la posibilidad de que se efectúen nombramientos provisionales, sustentados en una facultad discrecional; inclusive, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso "Reverón Trujillo Vs. Venezuela" no proscribió la facultad discrecional de las entidades públicas para designar funcionarios transitoriamente, máxime que los aspirantes a notarios, a pesar de no haber sido elegidos por esa vía, están en condiciones de participar en los respectivos concursos de oposición para la designación de los puestos titulares de las notarías vacantes o de nueva creación correspondientes. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN.