AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO, EN SU CALIDAD DE ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL, TRANSGREDEN DERECHOS HUMANOS O FUNDAMENTALES, SÓLO EN ESE ASPECTO.

Históricamente las garantías individuales, ahora denominadas derechos humanos conforme a la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011, en el Diario Oficial de la Federación, se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos subjetivos públicos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través del juicio de amparo. En este sentido, los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia (no de procesos federales), ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su responsabilidad, por la investidura que les da la ley, por lo que a juicio de las partes, pueden infringir sus derechos subjetivos públicos. Ahora bien, aun cuando contra sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, por medio del cual pueda analizarse la transgresión a derechos humanos, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, mediante dicho recurso, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez trastocó derechos humanos o fundamentales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que cuando actúa en su calidad de órgano de control constitucional, no puede atribuírsele la violación a preceptos constitucionales o a derechos fundamentales, en razón de que, dada su investidura constitucional y calidad de titular de los órganos de control constitucional, no es factible que transgreda disposiciones de la Ley Fundamental, toda vez que, en principio, sus actuaciones se encuentran reguladas en la Ley de Amparo y en el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquélla, por lo que, en todo caso, sólo podría atribuírsele violaciones a las disposiciones de dichos ordenamientos, debido a que dentro del sistema constitucional que nos rige y a la luz de los principios de la técnica que impera en el juicio de amparo, sería algo fuera de toda lógica jurídica el admitir que los órganos de amparo (a quienes de acuerdo con la Constitución General de la República, está confiada la responsabilidad de ejercer el control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades), pudieran vulnerar directamente el orden constitucional, cuya salvaguarda les confía la propia Carta Magna; de ahí que en el recurso de revisión, los agravios en los que se sostiene que la determinación impugnada transgrede derechos fundamentales son inoperantes, sólo en ese aspecto. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO.