ASESORÍA JURÍDICA PROFESIONAL A MENORES DE EDAD VÍCTIMAS DE DELITO. DEBE GARANTIZARSE ESTE DERECHO HUMANO EN TODOS LOS ASUNTOS EN DONDE INTERVENGAN, AUN CUANDO EXISTA LA NEGATIVA DE SU REPRESENTANTE LEGAL A SU DESIGNACIÓN.

De los artículos 20, apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17, 105 y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deriva que la asesoría jurídica es un derecho humano de la víctima u ofendido del delito reconocido constitucionalmente y trasladado al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por virtud del cual se busca que el acusado y la víctima se encuentren en igualdad de condiciones –defensor y asesor– al momento de enfrentar el proceso penal oral. El asesor jurídico deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, y la víctima puede nombrarlo en cualquier etapa del procedimiento, de manera que si no tiene la oportunidad de contar con uno particular, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto deberá designarle uno de oficio, el cual tendrá la calidad de parte dentro del proceso. En este contexto, si bien dicha asesoría jurídica, como parte del derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima u ofendido debe garantizarse en todo proceso penal acusatorio y oral, lo cierto es que tratándose de juicios en los que estén involucradas víctimas que constituyan un grupo vulnerable, como son los niños, niñas o adolescentes, ello debe verificarse con mayor escrutinio por la autoridad judicial a fin de establecer si la representación de los derechos de este grupo es adecuada o no. Lo anterior se obtiene de una interpretación sistemática y conforme de los artículos 4o., párrafo noveno, constitucional, el cual instituye el concepto de interés superior del niño, relacionado con el diverso 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que señala que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y el Estado, y concatenados con los artículos 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño que establecen el derecho fundamental del menor de ser escuchado y de manifestarse libremente en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de un representante u órgano apropiado y la obligación de los tribunales de atender el interés superior del niño en todas las resoluciones que emitan. Bajo esas condiciones, si la representante legal del menor víctima del delito expresó su negativa de contar con un profesionista para que funja como asesor jurídico, resulta inconcuso que el tribunal de enjuiciamiento, no obstante la renuncia a este derecho, debió designarle uno de oficio; lo anterior aunado a que pasó por alto que derivado de que la representante del menor (madre) fue ofrecida como testigo por el Ministerio Público y la defensa, debió prever su incomparecencia al desarrollo de las audiencias, lo que pone en evidencia que la infante no contó con representación por parte de su madre, ni tampoco con la asistencia de un asesor jurídico; consecuentemente, al no privilegiar la defensa de los derechos del menor de edad, víctima del delito por encima de la negativa de su progenitora, se violaron en perjuicio de aquél las reglas que rigen el procedimiento penal en términos del artículo 173, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que origina la reposición del procedimiento en este aspecto. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ.