MULTA POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO DE ZACATECAS. ES NECESARIO QUE EL AGENTE QUE LA IMPONE PRECISE EN LA BOLETA CORRESPONDIENTE LOS DATOS MÍNIMOS QUE PERMITAN AUTENTIFICAR EL GAFETE CON EL CUAL SE IDENTIFICA, ATENTO AL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.

De conformidad con los artículos 1, fracciones I y II, 4, fracciones VI, VIII y XVI y 11, fracción V, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, en relación con los diversos 3, fracción VI y 4, fracciones I a IV, del Reglamento General de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad de la propia entidad, el precepto 54 del ordenamiento invocado en primer orden es aplicable a los agentes de la Dirección de la Policía de Seguridad Vial estatales, al imponerles, por un lado, la obligación de identificarse ante los ciudadanos para que éstos se cercioren de su registro y, por otro, establecer que sus gafetes o documentos de identificación deben reunir determinados requisitos, cuando menos, el nombre, cargo, fotografía, huella digital, nombre de la institución a la que pertenecen y la clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad. Por tanto, si bien es cierto que el artículo 13, fracción II, del mencionado reglamento no regula expresamente los requisitos que debe cumplir un agente o policía de seguridad vial al imponer una multa por infracción a las normas de tránsito y vialidad, a fin de satisfacer su obligación de identificarse plenamente ante el ciudadano a quien la aplica, más allá de la exigencia de mostrarle el gafete, también lo es que con fundamento en el invocado artículo 54, es necesario que precise en la boleta correspondiente los datos mínimos que permitan autentificar el gafete con el cual se identifica, por ejemplo: el nombre de la institución que lo expide, su vigencia y el número o matrícula que por su orden lo distingue de otros de su misma especie. Lo anterior es conforme con el derecho humano a la seguridad jurídica respecto de los actos de las autoridades administrativas, inmerso en el artículo 16 de la Carta Magna, que implica que los afectados tengan la certeza de quién es la persona que los sanciona y si tiene facultades para hacerlo como autoridad del Estado (competencia); esto es, como parte del derecho seguro que reconoce dicho precepto constitucional, de acuerdo con el cual, las autoridades deben observar los requisitos que las normas secundarias establecen para satisfacer la obligación de identificarse debidamente ante los gobernados en el acto de afectación. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.