ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE DEL PROCESO PENAL MIXTO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron con relación al valor probatorio que le correspondía a los estados de cuenta bancarios de los contribuyentes sentenciados, que obtuvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, derivado de la solicitud que realizó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para efectos de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en uso de la facultad que le confiere la fracción IV del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito (en su texto anterior a la reforma de diez de enero de dos mil catorce); documentos que posteriormente se aportaron como sustento de las respectivas querellas que se formularon por los correspondientes delitos fiscales, y fueron considerados como prueba en los procesos penales -seguidos en la vía tradicional o mixta-, para demostrar la existencia de sendos delitos y la plena responsabilidad penal de los procesados en su comisión. Uno de los contendientes convalidó la legalidad del valor probatorio que les atribuyó la autoridad responsable; mientras que el otro les negó eficacia convictiva, por considerar que su paso de la materia fiscal a la penal se hizo de manera antijurídica, porque el Ministerio Público no los sometió a control judicial previo. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está facultada legalmente para formular querella y exhibir como sustento de su acusación, los estados de cuenta bancarios de los contribuyentes investigados a través de un procedimiento de visita domiciliaria, que obtuvo por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando advierta que existen hechos que probablemente son constitutivos de un delito, entre otros, los de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable, sin necesidad de que el Ministerio Público los someta a control judicial previo, tratándose del proceso penal mixto. Justificación: El hecho de que la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitar información protegida por el secreto bancario a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esté limitada para fines fiscales, en términos de la fracción IV del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, en su texto anterior a la reforma de diez de enero de dos mil catorce, no implica que exista impedimento legal alguno para que, como garante del sistema tributario, pueda acudir ante el Ministerio Público a hacer de su conocimiento, en defensa del patrimonio de la Nación, hechos relacionados con los casos en que la información que obtuvo de los procedimientos previstos en la ley para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, revelen la posible comisión de un ilícito de naturaleza fiscal; y tampoco se advierte que se encuentre impedida para ofrecer como sustento de su acusación, los estados de cuenta bancarios de los contribuyentes, que hubiera recabado por medio de la citada Comisión. Ello, porque lo establecido en la fracción I del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, anterior a su reforma de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, permite colegir que, si derivado de la información allegada al procedimiento administrativo de fiscalización, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene conocimiento de hechos que puedan configurar, entre otros, los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable, puede formular querella, para que se inicie la investigación penal correspondiente. Además porque de esa facultad deriva que, dicha Secretaría, a efecto de cumplir con el citado requisito de procedibilidad, se puede allegar de los datos necesarios para documentar los hechos que considere probablemente constitutivos de delito. Por tanto, se concluye que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está facultada legalmente para formular querella y exhibir como sustento de su acusación, los estados de cuenta bancarios de los contribuyentes investigados a través de un procedimiento de visita domiciliaria, que obtuvo por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando advierta que existen hechos que probablemente son constitutivos de un delito, entre otros, los de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable. Sin que dichos medios de prueba requieran, para ser justipreciados en juicio, de un control judicial previo o de perfeccionamiento alguno por parte del Ministerio Público, al tratarse de documentales públicas que se obtuvieron de manera lícita, es decir, sin violación alguna de derechos fundamentales y que cuentan además con valor tasado de prueba plena, en términos del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Penales, por provenir de funcionarios públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ejercicio de sus funciones, que ponen de manifiesto los movimientos bancarios en las cuentas de los correspondientes contribuyentes. Y tampoco resulta aplicable respecto de los mismos, el criterio asumido por esta Primera Sala de la Suprema de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 502/2017, en el que se declaró la inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, y del que derivó la tesis aislada 1a. LXXI/2018 (10a.), de título y subtítulo: "SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014, VIOLA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA."; porque en ese caso, la falta de anclaje constitucional, hace necesario un control judicial previo respecto de la excepción al secreto bancario en favor del Ministerio Público, a efecto de evitar intromisiones injustificadas al derecho fundamental a la vida privada de los gobernados; mientras que en el caso, la fracción IV del mismo ordenamiento legal, encuentra soporte y justificación en los artículos 16, párrafo décimo sexto, y 31, fracción IV, ambos de la Constitución General y, por tanto, no adolece del mismo vicio. PRIMERA SALA.