RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA CARGA PROCESAL DE DEMOSTRAR LA REGULARIDAD DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA RECAE EN LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE DECLARAR OPORTUNAMENTE LA INTERVENCIÓN CON CARÁCTER DE GERENCIA DE UNA SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR, ANTE LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES QUE PONEN EN RIESGO LOS INTERESES DE LOS AHORRADORES.

Conforme a la interpretación que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los artículos 22 y 23 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para tener por acreditada dicha responsabilidad, que dé lugar al pago indemnizatorio al afectado, se requiere la actualización de los supuestos siguientes: a) la irregularidad de la actividad administrativa; b) la existencia de un daño susceptible de imputación a la administración pública (material o inmaterial), evaluable económicamente e individualizado en relación con una o varias personas; y, c) el nexo causal entre el daño y la actividad irregular. Por otro lado, el Alto Tribunal definió que la reparación patrimonial está inserta en un marco mucho más amplio de reparación a violaciones de derechos humanos, aun cuando se limita al pago indemnizatorio por las actividades que, en el ejercicio de una función del Estado ejercida irregularmente, debe hacerse a los particulares que hayan resentido el daño y, destacadamente, se ha ido conceptualizando como un auténtico derecho de orden constitucional y, además, que en lo relativo a las cargas probatorias, mientras al particular le atañe la carga procesal de demostrar el daño y el nexo causal respectivo, la regularidad de la actividad administrativa corresponde probarla a la administración; en el caso, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando se le reclama la omisión de declarar oportunamente la intervención con carácter de gerencia de una Sociedad Financiera Popular, ante la existencia de irregularidades que ponen en riesgo los intereses de los ahorradores. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.