PRUEBA PERICIAL CONTABLE. DEBERES DEL JUZGADOR Y DEL PERITO PARA SALVAGUARDAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Hechos: La quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra la admisión de la prueba pericial contable, ofrecida por la contraparte en un juicio mercantil, aduciendo violación a su confidencialidad. Criterio jurídico: La confidencialidad de la información no impide la admisión de la prueba pericial en contabilidad cuando resulta indispensable para el proceso, pero el nivel de exposición del acervo contable debe ser modulado a través de distintas directrices que el especialista debe observar, y que corresponde al juzgador delimitar y vigilar. Justificación: La interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los preceptos 33, 42, 43 y 44 del Código de Comercio, permite establecer un conjunto de reglas específicas que el juzgador debe imponer a los especialistas para el desahogo de la prueba pericial en materia contable, a fin de solucionar satisfactoriamente los casos de colisión de derechos entre la confidencialidad de la contabilidad de los comerciantes frente al derecho a la prueba sobre ese material documental, que resulte necesaria, idónea y adecuada para la solución del litigio. La máxima prevista expresamente en el Código de Comercio para el acceso a la contabilidad de alguna de las partes es que la inspección se refiera exclusivamente a los puntos con relación directa a la acción deducida. Esta premisa y el deber de guardar el secreto profesional imponen salvaguardar racionalmente la información que se obtenga al realizar la búsqueda de los datos solicitados para la rendición del dictamen, y corresponde al juzgador prevenir al experto para que se invada lo menos posible y cuide tal información, como serían: a) exponer exclusivamente lo solicitado para la solución de la controversia; b) limitarse a tomar nota, por escrito o por cualquier otro medio, de los puntos indicados, sin que le sea permitido guardar o registrar, por cualquier medio, otros elementos que no tienen por qué ser difundidos; c) abstenerse de divulgar la investigación obtenida, con el apercibimiento de las sanciones pertinentes, por ejemplo, la imposición de medios de apremio, la cancelación del registro como perito, la denuncia penal, etcétera; d) en el desahogo de la prueba, cumplir con los requisitos exigidos en los artículos 44 y 45 del Código de Comercio, en cuanto a que se realice en el lugar que habitualmente se guarden o conserven los libros, registros o documentos o en el que de común acuerdo fijen las partes, en presencia del comerciante o de la persona que comisione, etcétera; y, e) incluso, el juzgador puede implementar otras medidas proporcionales, que protejan la secrecía de la contabilidad del comerciante, verbigracia, la designación de un funcionario judicial que acompañe al perito en la práctica de la prueba para que lo constriña a desempeñar su función en los términos precisados. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.