IV.1o.A.4 A (11a.)Tesis Aislada11a. ÉpocaT.C.C.Administrativa, Común, Constitucional
CADUCIDAD. EN UN EJERCICIO DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD, SE DEBE DESAPLICAR EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, YA QUE CONSTITUYE UN OBSTÁCULO PARA EL GOCE DEL DERECHO A UNA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.
[TA]; 11a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 19, Noviembre de 2022; Tomo IV; Pág. 3317
Hechos: Una persona moral promovió juicio contencioso en contra del secretario de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León y otras autoridades, de quienes reclamó una multa impuesta por un Juez de Juicio Civil Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado. La Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, previo requerimiento, admitió la demanda y, seguida la secuela procesal, dictó resolución en la que decretó el sobreseimiento del juicio por inactividad procesal conforme a lo previsto por el artículo 57, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León. Determinación que fue confirmada por la Sala Superior del citado tribunal. Inconforme, la actora señaló que la responsable debió desaplicar las normas que sostienen el sobreseimiento del juicio, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Criterio jurídico: Conforme al principio de progresividad establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal y en un ejercicio de control de convencionalidad establecido en el artículo 133 de la propia Carta Fundamental, se debe desaplicar el artículo 57, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, que prevé el sobreseimiento por caducidad de la instancia, por constituir un obstáculo para el goce del derecho a una justicia pronta y expedita.
Justificación: El artículo 57, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León indica que procede el sobreseimiento del juicio cuando no se haya efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días consecutivos, ni el actor hubiere promovido en ese mismo lapso, siempre que la promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. Ahora, con apoyo en el principio de progresividad establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal y en un ejercicio de control de convencionalidad establecido en el artículo 133 de la propia Carta Fundamental, los juzgadores están facultados para expulsar del marco normativo que rige el procedimiento la norma que infringe algún derecho establecido en la Constitución. Por tanto, en un ejercicio de control de convencionalidad, se debe desaplicar el artículo 57, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, por constituir un obstáculo para el goce del derecho a una justicia pronta y expedita, así como a lo establecido en las convenciones internacionales de las que México es Parte, específicamente en materia del derecho de acceso a una tutela judicial efectiva.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Precedentes
Amparo directo 184/2021. Promovente: Operadora de Sites Mexicanos, Sociedad Anónima de Capital Variable. 20 de enero de 2022. Mayoría de votos. Ponente: Magistrado Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Ana María de la Rosa Galindo. Disidente: Magistrado Rogelio Cepeda Treviño.
Amparo directo 215/2022. Promovente: Fraccionamiento "Las Plazas". 14 de julio de 2022. Mayoría de votos. Ponente: Magistrado Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Carlos Toledano Saldaña. Disidente: Magistrado Rogelio Cepeda Treviño.
Amparo directo 485/2021. Promovente: Santiago Javier Acevedo Saavedra. 21 de abril de 2022. Mayoría de votos. Ponente: Magistrado Manuel Suárez Fragoso. Secretaria: María Eugenia Urquiza García. Disidente: Magistrado Rogelio Cepeda Treviño.
Amparo directo 181/2021. Promovente: Ignacio Alejandro Mijares Elizondo. 31 de marzo de 2022. Mayoría de votos. Ponente: Magistrado Manuel Suárez Fragoso. Secretaria: Juana María Espinosa Buentello. Disidente: Magistrado Rogelio Cepeda Treviño.
Amparo directo 62/2016. Promovente: Daniel Santos Solís. 04 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Antonio Ceja Ochoa, quien formuló voto aclaratorio. Secretaria: Priscila Ponce Castillo.
Amparo directo 456/2015. Promovente: Oscar Javier Treviño Cavazos. 02 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Antonio Ceja Ochoa, quien formuló voto aclaratorio. Secretario: Ricardo Alejandro Bucio Méndez.
Amparo directo 448/2015. Promovente: Brenda Janeth Fernández Díaz. 04 de febrero de 2016. Mayoría de votos. Ponente: Magistrado Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Carlos Toledano Saldaña. Disidente: Magistrado Antonio Ceja Ochoa.
Amparo directo 253/2015. Promovente: Gloria Luz Buendía Mestas. 05 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Sergio Javier Coss Ramos. Secretario: Juan Fernando Alvarado López. Voto concurrente del Magistrado Sergio Eduardo Alvarado Puente.
Nota. Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de criterios 366/2023 del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de presidencia de 15 de noviembre de 2023.
El criterio sustentado en las sentencias relativas a los juicios de amparo directo 448/2015, 253/2015, 456/2015, 62/2016, 181/2021, 184/2021 y 215/2022 que forman parte de los precedentes de esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de criterios 139/2025 del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que mediante acuerdo de presidencia de 26 de mayo de 2025 declaró su incompetencia legal para conocer del asunto y ordenó su remisión al Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, para su conocimiento y resolución. Dicho Pleno Regional mediante acuerdo plenario de 4 de junio de 2025 la admitió a trámite con el número de contradicción de criterios 84/2025, y por ejecutoria del 13 de noviembre de 2025 determinó que: 1. No existe contradicción entre los sustentados por el Primer, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito contra lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en el amparo directo 355/2022, pues la decisión no giró en torno al mismo problema jurídico, así como el criterio que sostuvo en el amparo directo 205/2021, ya que si bien analizó la figura de la caducidad de la instancia por inactividad procesal fue respecto de un precepto de una legislación distinta que se encuentra derogado. 2. Sí existe contradicción en relación con los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de la que derivó la tesis jurisprudencial PR.A.C.CN. J/13 A (12a.), de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA POR INACTIVIDAD PROCESAL. EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA."