DIGNIDAD. EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA ESTABLECE COMO BIEN JURÍDICO PERSONAL QUE MERECE LA MÁS AMPLIA PROTECCIÓN; POR TANTO, EL JUZGADOR NO DEBE DESCONOCER O PONER EN DUDA SIN PRUEBA EN CONTRARIO, LAS MANIFESTACIONES QUE UNA PERSONA HACE EN UNA DEMANDA.

Hechos: En un juicio de amparo indirecto los quejosos manifestaron, bajo protesta de decir verdad, ser elementos de policía; que se dictó auto de inicio de procedimiento de remoción en un expediente de responsabilidad y que fueron suspendidos de sus funciones de manera temporal. Solicitaron la suspensión provisional de los actos reclamados para que se les pagara el 100 % del sueldo que percibían y se les siguieran otorgando las prestaciones médicas que tenían como elementos activos. El Juez de Distrito desestimó las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, sin tomar en cuenta lo establecido en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo y, como consecuencia, negó la medida suspensional al establecer que los quejosos no anexaron documental alguna para demostrar que eran elementos policiales. Criterio jurídico: La dignidad humana, como bien jurídico circunstancial del ser humano, consiste en la base y condición para el disfrute más amplio de los demás derechos en cuanto son necesarios para que el hombre desarrolle integralmente su personalidad, a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad propia de la persona humana. Por tanto, las manifestaciones bajo protesta de decir verdad realizadas en un juicio de amparo deben tenerse como verdaderas si no existe prueba en contrario o elementos que les resten verosimilitud, pues de no hacerse así, se emitiría un juicio previo de valor negativo hacia la persona que atenta contra su dignidad. Justificación: El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución y que éstas no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que la misma establece, así como que "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". En ese tenor, con la finalidad de respetar la dignidad humana como bien jurídico consustancial al ser humano, entendida ésta –en su núcleo más esencial– como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada, el juzgador no debe desconocer o poner en duda de manera previa y sin prueba en contrario, las manifestaciones que una persona hace en una demanda, pues al desconocerlas se vulnera el mencionado derecho fundamental. Por tanto, deben atenderse dichas manifestaciones como presumiblemente ciertas para efectos del cumplimiento del requisito previsto en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.