SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. PROCEDE ORDENAR SU REINSTALACIÓN CUANDO LAS AUTORIDADES COMPETENTES ACUERDAN NO INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL QUE AQUÉLLA DERIVÓ, AL NO ACTUALIZARSE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.

Hechos: La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto en contra de la dilación u omisión de la Dirección General de Asuntos Internos y de la Comisión de Honor y Justicia, ambas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, de reincorporarla a sus funciones de policía, derivado de la suspensión temporal preventiva en haberes y funciones de que fue objeto, en virtud del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en su contra, sin que a la fecha en que presentó su demanda se hubiera emitido resolución en dicho procedimiento. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables señalaron que acordaron no dar inicio al procedimiento en contra del quejoso, al estimar que se encuentran imposibilitadas por deficiencias técnicas jurídicas en el expediente administrativo de origen. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que si las autoridades responsables determinan que no ha lugar a iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa al quejoso, la suspensión temporal de su cargo ya no tiene sustento y, por tanto, debe ser reinstalado en el mismo y recibir el pago del salario íntegro que debió percibir mientras estuvo suspendido. Justificación: Lo anterior, en el entendido de que si bien la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en ningún caso procederá la reincorporación al servicio de los miembros de las instituciones policiales, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido; sin embargo, esa prohibición se refiere a los casos en que sean separados del cargo de forma definitiva, por lo que no resulta aplicable cuando la suspensión sea preventiva, mientras se sustancia el procedimiento respectivo. Ahora bien, si nuevamente se decreta la suspensión cautelar, debe garantizarse al quejoso el ingreso mínimo para su subsistencia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.