Consultado en precedentelegal.com · https://www.precedentelegal.com/tesis/2030003
1a./J. 18/2025 (11a.)Jurisprudencia11a. ÉpocaS.C.J.N.Constitucional, Penal
- Registro digital (IUS)
- 2030003
- Clave de tesis
- 1a./J. 18/2025 (11a.)
- Tipo
- Jurisprudencia
- Época
- 11a. Época
- Instancia
- S.C.J.N.
- Materia
- Constitucional, Penal
- Fuente
- [J]; 11a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 46, Febrero de 2025; Tomo IV, Volumen 1; Pág. 265
- Publicación
- 2025-02-28
DELITO DE PECULADO. EL BIEN JURÍDICO TUTELADO POR EL ARTÍCULO 223, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL ES LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.
[J]; 11a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 46, Febrero de 2025; Tomo IV, Volumen 1; Pág. 265
Hechos: El tesorero municipal de un Ayuntamiento, quien estaba obligado a custodiar y administrar recursos federales para ser ejercidos respecto de diversas obras públicas, les dio una aplicación distinta. Por esos hechos fue condenado por el delito de peculado previsto en el precepto mencionado. En amparo directo planteó su inconstitucionalidad por considerar que la porción "aplicación distinta" viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo, por lo que interpuso recurso de revisión.
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el bien jurídico que tutela el delito de peculado previsto en el artículo 223, fracción IV, del Código Penal Federal es la correcta administración de los recursos públicos federales del Estado Mexicano.
Justificación: La correcta administración de los recursos públicos es un principio establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que aquélla debe realizarse bajo la más estricta vigilancia y eficacia, con el objeto de garantizar a la ciudadanía que los recursos recibidos por el Estado se destinen a los fines para los cuales fueron recaudados. De lo contrario se paralizan los servicios que el Estado está obligado a prestar y se compromete el ejercicio pleno de los derechos.
Si bien existen otros medios jurídicos administrativos para sancionar los actos y/u omisiones en que incurran las personas servidoras públicas frente a una incorrecta administración de los recursos públicos, lo cierto es que esas normas sólo buscan impedir que la persona infractora continúe ejerciendo atribuciones de orden público. Por tal razón, son insuficientes para evitar que la conducta antijurídica siga reproduciéndose en detrimento del proyecto vital de los ciudadanos; y que, a la postre, garantice su reparación integral por los efectos que dicha conducta haya ocasionado sobre su esfera.
PRIMERA SALA.
Precedentes
Amparo directo en revisión 3050/2024. 6 de noviembre de 2024. Cinco votos de los Ministros y las Ministras Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien está con el sentido, pero por consideraciones distintas. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.
Tesis de jurisprudencia 18/2025 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de diecinueve de febrero de dos mil veinticinco.
Tesis relacionadas
- DELITO DE PECULADO. EL ARTÍCULO 223, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN LA PORCIÓN "APLICACIÓN DISTINTA", NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.
- COMPETENCIA DE JUEZ FEDERAL, NO PUEDE DERIVARSE DE LA RENUNCIA A SU FUERO POR PARTE DEL JUEZ LOCAL; NECESARIAMENTE DEBE HABER MEDIADO LA ACTUACIÓN DEL ÓRGANO DE ACUSACIÓN.
- PECULADO, DELITO DE. SE INTEGRA CUANDO EL SERVIDOR PÚBLICO DISTRAE DE SU OBJETO BIENES SOBRE LOS CUALES EL ESTADO EJERCE UN PRINCIPIO DE DOMINIO Y DE ADMINISTRACIÓN.
- PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. LO VULNERA LA NORMA QUE ESTABLECE RESPONSABILIDAD CONJUNTA DE DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES POR NO PRESENTAR EN TIEMPO LA CUENTA PÚBLICA AL CONGRESO DEL ESTADO.
- FALSEDAD DE DECLARACIONES. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 312 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO PUEDE SER COMETIDO POR AGENTES DE LA AUTORIDAD.
- DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 225, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.
- DELITO CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS O AGENTES DE LA AUTORIDAD PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 189 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 289 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. CONSTITUYE UNA CALIFICATIVA Y NO UN TIPO BÁSICO NI ESPECIAL.
- LESIONES COMETIDAS CONTRA UN SERVIDOR O AGENTE DE LA AUTORIDAD EN EL ACTO DE EJERCER LÍCITAMENTE SUS FUNCIONES O CON MOTIVO DE ELLAS. ES APLICABLE A ESE DELITO LA CALIFICATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 289 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.