LESIONES COMETIDAS CONTRA UN SERVIDOR O AGENTE DE LA AUTORIDAD EN EL ACTO DE EJERCER LÍCITAMENTE SUS FUNCIONES O CON MOTIVO DE ELLAS. ES APLICABLE A ESE DELITO LA CALIFICATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 289 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

La agravante prevista en el citado artículo, consistente en cometer un delito contra un servidor público o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, incrementa la sanción correspondiente en un parámetro de uno a tres años de prisión. Ahora bien, atento a la historia, teleología y literalidad de dicho precepto se concluye que la referida calificativa es aplicable al delito de lesiones cometido contra un agente de la autoridad, por las siguientes razones: i) conforme a la letra del aludido artículo 289 , la agravante es aplicable a todo delito, pues la ley no distingue entre los previstos en el código penal u otras leyes, ni limita su aplicación a los ilícitos contenidos en el título en que se encuentra inserto el propio numeral; ii) el 13 de mayo de 1996 se reformó el artículo 189 del entonces Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, el cual es el antecedente inmediato del indicado artículo 289, y en el proceso legislativo correspondiente se sostuvo que un servidor público es susceptible de ser intimidado por los gobernados mediante diversas conductas delictivas, entre las cuales destacan aquellas que atentan contra su vida e integridad física; y, iii) si bien es cierto que el citado artículo 289 se ubica en el capítulo relativo a las "reglas comunes para los delitos contra el ejercicio legítimo de la autoridad", también lo es que ello no limita su aplicación a ciertos ilícitos, pues la denominación "reglas comunes" sólo refuerza la consideración de que no se trata de un tipo penal sino de una calificativa, y la expresión "contra el ejercicio legítimo de la autoridad" refrenda que esa regla común o calificativa sólo es aplicable a todos los delitos cometidos en agravio de servidores públicos para entorpecer la actuación de la autoridad y evitar el ejercicio de sus atribuciones; de ahí que si la mencionada calificativa es aplicable a los delitos que atentan contra la integridad física de los agentes de autoridad, resulta evidente que puede aplicarse al delito de lesiones contenido en el artículo 130 del propio ordenamiento.