PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL. EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, NO CONSTITUYE UN RECURSO QUE DEBA AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede el amparo indirecto contra la determinación que decreta providencias precautorias dictadas en el juicio ordinario civil. Mientras que uno consideró que el incidente establecido en el artículo 252 mencionado debía agotarse previamente al amparo; el otro determinó lo contrario al requerirse una interpretación adicional en términos del artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, y por no ser idóneo para impugnar la legalidad de esa determinación. Criterio jurídico: El incidente para reclamar una providencia precautoria en el juicio ordinario civil, previsto en el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, no constituye un recurso que deba agotarse previamente al amparo para impugnar la legalidad de la determinación en la que se decretaron. Justificación: El incidente previsto en el precepto citado es improcedente para combatir la legalidad o regularidad de las condiciones tomadas en consideración para decretar las providencias precautorias en un juicio ordinario civil. Ello, porque está dirigido a obtener su levantamiento, modificación o insubsistencia con base en aspectos supervenientes o en la variación de las circunstancias prevalecientes en su emisión, atento a los principios de provisionalidad y flexibilidad de las medidas cautelares. Además, puede promoverse hasta antes de que se dicte sentencia ejecutoriada, sin que se afecte por la preclusión derivada de la firmeza de no haberse recurrido oportunamente. Lo anterior, a diferencia de los recursos en los que examinan la regularidad de la decisión sin que se experimenten dichas variaciones en las condiciones existentes al decretarlas. Una interpretación literal del precepto en el sentido de que su objeto es examinar la legalidad de las condiciones de su emisión, trastocaría el sistema de recursos previsto en la ley al preverse dos mecanismos distintos contra una misma determinación y disímbolos en su objeto. Asimismo, ello conduciría a un escenario disfuncional y asimétrico, si estuviera previsto sólo contra la concesión por parte del destinatario, y la negativa o los condicionamientos en su emisión que perjudican al solicitante, no fueran recurribles o éste tuviera que sujetarse a las reglas generales de los recursos. Sin embargo, lo anterior no significa que se exceptúe de observar el principio de definitividad, porque las providencias precautorias constituyen un procedimiento autónomo especial, que no contiene una prohibición para acudir a las reglas generales de los recursos, ni se dispone la irrecurribilidad de la determinación que las decreta, por tanto, ésta es recurrible mediante apelación, si el negocio rebasa la cuantía prevista en la ley o se trata de un asunto de cuantía indeterminada, de lo contrario, será recurrible en revocación, en términos de lo dispuesto por los artículos 691, 715 y 684 de la propia codificación. Lo cual deberá observarse para los casos ulteriores a la obligatoriedad de la vigencia de este criterio, porque los anteriores estarán sujetos a la excepción prevista en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo final, de la Ley de Amparo, al haberse requerido una interpretación adicional de la ley. PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.