PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE IMPONERLES SANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO ACTÚAN DENTRO DEL MARGEN RAZONABLE DEL LIBRE EJERCICIO DE SU PROFESIÓN.

Hechos: Una persona agente del Ministerio Público ejerció acción penal por el delito de fraude genérico, considerando la suma de cuatro depósitos realizados por el mismo sujeto pasivo a la misma cuenta de cheques del sujeto activo en distintos momentos. La persona juzgadora de Control devolvió la indagatoria, al estimar que el pliego de consignación tenía inconsistencias, pues el sujeto pasivo no realizó una conducta, sino cuatro diferentes en cuatro momentos diversos y cada una de ellas tenía su propia previsión normativa y sanción, por lo que no era procedente juntarlas y considerarlas como si hubieran acontecido en un solo momento, y negó la orden de aprehensión solicitada. El Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició un procedimiento administrativo disciplinario contra la agente y resolvió que incumplió con obligaciones inherentes a su cargo, por lo que le impuso una sanción administrativa consistente en una amonestación pública, porque el ejercicio de la acción penal no estaba debidamente fundado y motivado. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente imponer a las personas servidoras públicas sanciones administrativas cuando actúan dentro del margen razonable del libre ejercicio de su profesión. Justificación: Las personas servidoras públicas tienen un espacio de discrecionalidad y criterio propio para adoptar ciertas decisiones, dentro de un margen razonable de actuación, que incluye la interpretación de las normas que apliquen dentro de su ámbito competencial; de ahí que no se les puede imponer una sanción administrativa cuando actúan bajo ese parámetro, porque lo hacen conforme a su derecho al libre ejercicio de su profesión, independientemente de que su criterio sea diferente al de otra persona; estimar lo contrario haría nugatorio ese derecho. Lo anterior no implica que su actuación pueda ser arbitraria, irracional o que esté indebidamente fundada y motivada, toda vez que deben exponer las razones y citar las disposiciones aplicables por las cuales toman sus decisiones, además de que éstas pueden ser revisadas y modificadas por otra autoridad. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.