Artículo 6 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México

Todas las dependencias del gobierno de la Ciudad de México (como las alcaldías, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos, los partidos políticos, los sindicatos y hasta las empresas que reciban dinero público) están obligadas a organizar bien sus documentos y archivos. Esto es para que cualquier persona pueda conocer la verdad sobre cómo se toman las decisiones o se usan los recursos, tal como lo dice la Constitución de la Ciudad. Además, deben permitir que la gente acceda a la información que guardan y promover que se conozca el patrimonio documental de la ciudad.

Texto oficial

Artículo 6. Cualquier autoridad, entidad, Órgano y Organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Alcaldías, Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Ciudad de México, deberán garantizar la adecuada gestión documental y administración de archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad de conformidad con lo establecido en el artículo 5, apartado C, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el acceso a la información contenida en los archivos, y fomentar el conocimiento de su Patrimonio Documental Archivístico.