Artículo 93 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México

Este artículo dice que todas las personas, tanto las que viven ahora como las que vendrán, tienen derecho a usar y disfrutar de una ciudad que sea justa, limpia y divertida de vivir, como si fuera un bien de todos. Este derecho junta todas las demás garantías, como tener trabajo, salud y un ambiente sano, y te da el poder de organizarte con otros vecinos para exigir una vida digna. También significa que la ciudad debe cuidar sus áreas verdes, el patrimonio cultural y los pueblos indígenas, y darle prioridad al transporte público, a las banquetas para caminar y a las bicicletas, en vez de al coche particular. Además, reconoce el derecho de todos a participar en las decisiones de la ciudad, apoyando tanto los proyectos de la comunidad como los negocios privados, las cooperativas y las expresiones culturales de todo tipo.

Texto oficial

Artículo 93. El derecho a la Ciudad es el derecho de todas las personas, presentes y futuras, para usar, ocupar, producir y disfrutar una ciudad justa, democrática, inclusiva, sustentable, habitable y disfrutable, considerada como un bien común esencial para una vida plena. El derecho a la ciudad encuadra e interrelaciona todos los derechos civiles políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales reconocidos en los tratados, convenios y convenciones internacionales. Consiste en el usufructo equitativo de la ciudad de acuerdo con los principios de justicia social y espacial, sustentabilidad y convivencialidad, equidad e igualdad social y de género, al tiempo que confiere a sus habitantes legitimidad de acción y de organización para ejercer su derecho a la autodeterminación y a una vida digna. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social y ambiental de la propiedad y de la Ciudad, su gestión democrática, la inclusión social y productiva de sus habitantes, el manejo sustentable y responsable de los bienes ambientales y de los recursos económicos; la distribución equitativa y el disfrute de los bienes públicos, el fortalecimiento del tejido social y de la convivencia; el respeto a la composición pluricultural de la Ciudad y a los derechos de los pueblos indígenas. Garantiza la preservación de los ecosistemas, las áreas de conservación y patrimonio natural, las no urbanizables, el patrimonio cultural construido, la gestión y mitigación de riesgos por causas naturales o antropogénicas, asegura la justicia territorial. Privilegia la accesibilidad, el transporte público de calidad sobre el privado e individual, la generación de vías seguras para los peatones y para vehículos no motorizados. Reconoce la participación ciudadana en la vida pública, la producción social de la Ciudad y del hábitat, así como la producción privada, la economía solidaria, los emprendimientos cooperativos, las expresiones culturales, tanto las tradicionales como las innovadoras. Capítulo VIII. De la Ciudad habitable