Artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

El Ministerio Público de la Ciudad de México (los fiscales y sus equipos) tiene como trabajo principal investigar delitos y decidir si lleva a alguien ante un juez. Su objetivo es darte justicia rápida y legal, ayudando a bajar la inseguridad y a que se cumplan las leyes en la ciudad. También debe trabajar con autoridades federales y locales para prevenir delitos y asegurarse de que nadie pague por lo que no hizo, pero que el verdadero culpable no se salga con la suya. Además, tiene la obligación de proteger a las víctimas, buscando que se sepa la verdad, se repare el daño y no vuelva a pasar. Por último, debe escuchar a la ciudadanía para crear mejores políticas de justicia y proponer cómo combatir los delitos a nivel local.

Texto oficial

Artículo 9. Fines Institucionales El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía General y tiene como fines: Conducir y coordinar la investigación, así como, resolver sobre el ejercicio de la acción penal sobre los delitos materia de su competencia; Otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; Fortalecer el Estado de Derecho de la Ciudad de México; Colaborar con las autoridades Federales y Locales en materia de seguridad y procuración de justicia, así como para la prevención del delito; Salvaguardar al inocente, procurando que el culpable no quede impune; Promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verificación de los hechos, revelación pública y completa de la verdad, justicia, reparación integral del daño, de asistencia en todas las etapas y de garantía de no repetición a favor de las víctimas así como de la sociedad; Proteger los derechos de las víctimas, a efecto de que cuenten con una justicia real que garantice el derecho a la verdad, mediante los protocolos necesarios; Facilitar la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas en materia de procuración de justicia; y Proponer la política criminal y el plan correspondiente en el ámbito local.