Artículo 8 de la Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición por Particulares en la Ciudad de México

Si una persona común, con ayuda o por instrucción de algún funcionario del Gobierno de la Ciudad de México, participa en la desaparición forzada de alguien, comete este delito. La condena será de 15 a 30 años de cárcel y una multa de entre 16,822 y 20,187 veces la Unidad de Medida (cada unidad equivale a un valor fijo que actualizan cada año). Además, el funcionario que participe perderá su trabajo para siempre y no podrá ocupar ningún puesto en el gobierno del país. Estas sanciones se suman a las que puedan venir por otros delitos relacionados, y la persona responsable puede ser juzgada en cualquier momento, sin importar cuánto tiempo haya pasado.

Texto oficial

Artículo 8.- Comete el delito de desaparición forzada el particular que por orden, autorización, aquiescencia o con el apoyo de uno o más servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México realice los actos descritos en el párrafo anterior, y se le impondrá una pena de quince a treinta años de prisión y multa de 16,822 a 20,187 veces la unidad de medida y actualización, además de la destitución e inhabilitación definitiva para ejercer un cargo, empleo o comisión en cualquier ámbito del Gobierno Mexicano. Las sanciones impuestas en los casos, previstos en este y en el artículo anterior de la presente ley serán independientes de las que lleguen a determinarse por la comisión de otros delitos; este delito no prescribirá.