Artículo 30 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México

Cuando un juez o tribunal tiene que resolver una queja o recurso que se presente según esta ley, debe interpretar las reglas tomando en cuenta la Constitución de México, la de tu estado, los tratados internacionales que México haya firmado y también el significado normal de las palabras, cómo se relacionan entre sí las reglas y para qué sirven. Si no hay una regla exacta para el caso, se aplican los principios generales del derecho, que son ideas básicas de justicia. Además, toda interpretación debe hacerse pensando en proteger los derechos humanos reconocidos en las constituciones, y siempre se debe elegir la opción que más beneficie a las personas. Cuando se trate de problemas dentro de un partido político, hay que recordar que los partidos son organizaciones de ciudadanos que tienen interés público, por lo que se debe respetar su libertad para tomar decisiones internas, su derecho a organizarse como quieran y los derechos de sus miembros. Si hay conflicto entre dos reglas o principios, se debe preferir que el asunto se resuelva dentro del propio partido, siempre y cuando eso no cause un daño tan grave a los derechos de los afectados que ya no se pueda arreglar después.

Texto oficial

Artículo 30. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta Ley, las normas se interpretarán conforme a la Constitución Federal, la Constitución Local, los tratados o instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como a los criterios gramatical, sistemático y funcional. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del derecho. La interpretación del orden jurídico deberá realizarse conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y Local, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. En la interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos políticos, se deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de éstos como organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el derecho a la auto organización de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus militantes. En caso de ponderación de normas o principios, se deberá optar por remitir los asuntos a la justicia interna, siempre y cuando, ello no genere un menoscabo en los derechos de los actores que haga irreparable el acto reclamado. CAPÍTULO II Del Tribunal