Artículo 8 de la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Vícitimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas de la Ciudad de México

La Comisión, junto con la Comisión Ejecutiva y la Fiscalía General, debe crear y poner en marcha un modelo de atención para quienes hayan sido directamente afectados por un delito, sus familiares, posibles víctimas o testigos. Este modelo tiene que ser especializado, respetar los derechos humanos, considerar las diferencias culturales y de género, y proteger ante todo el interés de los niños y niñas. Para diseñarlo, se tomarán en cuenta las ideas de organizaciones ciudadanas y expertos académicos. Entre los apoyos que debe incluir están: asesoría legal, ayuda social, educativa y laboral. Si la persona es indígena, habla otra lengua o tiene discapacidad auditiva, tiene derecho a un intérprete o traductor que la asista siempre. También se debe dar atención médica, psicológica, psiquiátrica, aparatos ortopédicos y prótesis hasta que se recupere por completo. Además, se deben ofrecer oportunidades de empleo, educación y capacitación, y si los delincuentes pertenecen al crimen organizado, hay que crear programas especiales que protejan la vida y seguridad de las víctimas, incluido el cambio de identidad y reubicación, solo si ellas lo aceptan. También se pondrán albergues y refugios especializados con alojamiento digno, comida y atención médica y psicológica. La estancia en estos lugares será voluntaria, y las víctimas podrán comunicarse con su familia siempre que no haya riesgo con el crimen organizado. Jamás se podrá meter a víctimas en cárceles o estaciones migratorias. Por último, se deben tomar medidas para proteger a las víctimas y sus familiares de amenazas, represalias o venganzas de los responsables del

Texto oficial

Artículo 8. La Comisión, en coordinación con la Comisión Ejecutiva y la Fiscalía General, deberá evaluar e implementar un modelo de atención para las víctimas directas, indirectas o potenciales, personas ofendidas o testigos de los delitos objeto de esta Ley, bajo un enfoque diferencial y especializado, de derechos humanos y con perspectiva intercultural y de género e interés superior de la infancia. El diseño de dicho modelo considerará las propuestas y opiniones de las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Este modelo deberá comprender, al menos, los siguientes elementos y condiciones: Asesoría y representación jurídica, asistencia social, educativa y laboral a las víctimas de los delitos previstos en la Ley General. En caso de que las víctimas tengan identidad indígena, hablen un idioma o lengua diferente al español o vivan con discapacidad auditiva, tienen derecho a que se les designe una persona que traduzca o interprete y que les asista en todo momento; Asistencia social, humanitaria, médica, psicológica, psiquiátrica, aparatos ortopédicos y prótesis, hasta su total recuperación; Oportunidades de empleo, educación y capacitación para el trabajo a través de su integración en programas sociales, considerando las necesidades de las víctimas y la disponibilidad de los programas conforme a las reglas de operación de los mismos. En aquellos casos en que el o los sujetos activos de los delitos formen parte de la delincuencia organizada, se deberán diseñar programas especiales que no pongan en riesgo su vida, su seguridad y su integridad, incluyendo el cambio de identidad y su reubicación, tomando en consideración la voluntad de las víctimas. Constitución de albergues, refugios y casas de medio camino especializados, donde se garantice un alojamiento digno por el tiempo necesario, asistencia material, médica, psiquiátrica, psicológica, social, alimentación y cuidados atendiendo a sus necesidades y a su evolución; Se garantizará que la estancia de las víctimas directas, indirectas, personas ofendidas y testigos en los refugios, albergues, y casas de medio camino o en cualquier otra instalación de asistencia y protección de las víctimas adultas sea de carácter voluntario y cuenten con medios para poder comunicarse con su familia periódicamente, siempre y cuando las personas sujetos activos del delito no se presuman integrantes de la delincuencia organizada y estas medidas no pongan en peligro su vida, su integridad y seguridad ni las de las demás víctimas con las que compartan las medidas de refugio, protección y asistencia; En ninguna circunstancia se podrá albergar a víctimas nacionales o extranjeras en centros preventivos, penitenciarios o estaciones migratorias, ni lugares habilitados para ese efecto; Medidas de protección frente a posibles represalias, intimidaciones, agresiones o venganzas de los responsables del delito o de quienes estén ligados con ellos para: a) Las víctimas; b) Los familiares o personas que se encuentren unidas a la víctima por lazos de amistad o estima; c) Las personas testigos y otras que aporten información relativa al delito o que colaboren de alguna otra forma con las autoridades responsables de la investigación, así como a sus familias; y d) A la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales que se encuentren brindando apoyo a la víctima, sus familiares o a personas testigos. Medidas precautorias para garantizar la ayuda inmediata, la protección y la asistencia, por lo menos, protección física, ayuda en la obtención de empleo, así como aquellas medidas humanitarias que propicien la unificación familiar. A fin de llevar a cabo las medidas de protección antes citadas, podrá hacerse uso de los recursos del Fondo de la Ciudad de México, cuando las autoridades competentes se encuentren impedidas para brindarlas y así lo fundamenten, sujetándose a las disposiciones aplicables conforme a la Ley de Víctimas; Se brindarán oportunidades de salida dignas para las víctimas de explotación, especialmente de explotación sexual, que considerarán: vivienda, educación, empleo, servicios de salud, bolsa de trabajo y entrenamiento vocacional, para víctimas y sus hijas e hijos, acceso a créditos y facilidades para emprender, conforme al Modelo de Atención a Víctimas de Trata, previsto en la Ley General; y Programas especiales para cambio de identidad y ubicar un nuevo lugar de residencia.