Artículo 28 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal

Si una persona siente que un gobierno o autoridad le dañó algún bien o derecho sin tener obligación de aguantarlo, ella tiene que demostrar ese daño. En cambio, el gobierno es quien debe probar si el afectado o alguien más tuvo parte en el daño, o que los daños no se debieron a una falla del gobierno. También le toca al gobierno acreditar que el daño fue causado por algo que no se podía prever o evitar con la tecnología del momento, o por un accidente o fuerza mayor que lo libre de responsabilidad.

Texto oficial

Artículo 28.- La responsabilidad patrimonial de los Entes Públicos deberá probarla el reclamante que considere dañado sus bienes o derechos, por no tener la obligación jurídica de soportarlo. Por su parte, al Ente Público le corresponderá probar, en su caso, la participación de terceros o del propio reclamante en la producción del daño irrogado al mismo; que los daños no son consecuencia de la actividad administrativa irregular de los Entes Públicos; que los daños derivan de hechos y circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de su acaecimiento, o bien, la existencia de la fuerza mayor o caso fortuito que lo exonera de responsabilidad patrimonial.