Artículo 117 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México

Este artículo habla de que en un juicio, las personas involucradas pueden nombrar a un abogado para que las represente y haga trámites por ellas. Ese abogado puede recibir notificaciones, presentar pruebas, alegar y hasta pedir que se dicte sentencia para que el caso no se cierre por falta de movimiento. Pero el abogado no puede pasarle esas facultades a otra persona. Para que el abogado pueda hacer todo esto, debe comprobar que tiene título o cédula de licenciado en derecho; si no lo hace, pierde esos poderes y solo podrá escuchar notificaciones. También es responsable de cualquier daño que cause a quien lo autorizó, conforme al Código Civil, y puede renunciar por escrito explicando por qué. Si solo quieres que alguien reciba notificaciones por ti, sin que haga más cosas, puedes nombrar a cualquier persona mayor de edad, pero no tendrá las demás facultades. Tanto en el nombramiento como en la respuesta de la autoridad, debe quedar muy claro qué puede hacer esa persona. En el caso de empresas o del gobierno, siempre deben actuar mediante sus representantes legales o quien ellos designen, y también pueden nombrar abogados con estas facultades.

Texto oficial

Artículo 117. Las partes señaladas en las fracciones II, III y IV del artículo anterior podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo. Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil del Distrito Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado a la autoridad resolutora, haciendo saber las causas de la renuncia. Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores. Las partes deberán señalar expresamente el alcance de las autorizaciones que concedan. El acuerdo donde se resuelvan las autorizaciones se deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada. Tratándose de personas morales estas deberán comparecer en todo momento a través de sus representantes legales, o por las personas que estos designen, pudiendo, asimismo, designar autorizados en términos de este artículo. Cuando el denunciante sea una persona servidora pública, podrá actuar en su representación la unidad administrativa del Ente público al que está adscrito que cuente con facultades para representar al Ente ante autoridades administrativas y jurisdiccionales