Artículo 55 de la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México

Una sentencia es como la decisión final de un juez, y debe incluir varios puntos para ser válida. Primero, tiene que explicar de manera breve y clara cuáles son las leyes locales o acciones del gobierno que se están revisando, y si hay pruebas que demuestren que existen o no. Luego, debe decir en qué artículos de la ley se basa esa decisión, y cuáles son las razones por las que el juez llegó a esa conclusión, incluyendo las leyes que se hayan violado. También tiene que especificar quién debe cumplir la sentencia (por ejemplo, un ayuntamiento o una autoridad) y cuándo, y si se anula una ley, esa anulación aplica también a otras leyes que dependan de ella. Por último, debe dejar claro si se declara que la ley o acto es válido o inválido, quién gana o pierde, y el plazo para cumplir lo ordenado.

Texto oficial

Artículo 55.- Las sentencias deberán contener: La fijación breve y precisa de las normas generales locales o actos objeto del medio de control constitucional y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; Los preceptos que la fundamenten; Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos que en su caso se estimaren violados; Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los organismos obligados a cumplirla, las normas locales de carácter general o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma local de carácter general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada; Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de las normas generales locales o actos impugnados, y en su caso la absolución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen, y En su caso, el término en el que la parte condenada deba cumplir con la resolución.