Artículo 7 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable del Distrito Federal

El Consejo Rural puede dar sugerencias por escrito sobre cómo mejorar los planes para el campo, ya sea para la Secretaría o para las Delegaciones. También tiene derecho a opinar cada dos años sobre cómo va el desarrollo agrícola y rural en la Ciudad de México. Además, puede dar su punto de vista sobre temas importantes, como declarar zonas de conservación rural, definir regiones que necesitan atención urgente, y cómo apoyar la producción y venta de productos del campo. Igualmente, puede revisar y opinar sobre asuntos que la Secretaría trabaje con el gobierno federal, y ayudar en proyectos de salud y educación para la gente del campo. Por último, el Consejo puede hacer lo necesario para funcionar bien, y cumplir con lo que digan otras leyes.

Texto oficial

Artículo 7.- El Consejo Rural tendrá las siguientes atribuciones: I. Emitir por escrito las opiniones y estudios técnicos que considere para que puedan tomarse en cuenta en la formulación de los programas rurales de la Secretaría y las Delegaciones; II. Emitir por escrito opiniones relacionadas con el informe bianual sobre la situación que guarda el desarrollo agropecuario y rural de la Ciudad de México; III. Opinar sobre la declaración de espacios para la conservación rural; sobre la definición de las regiones de atención prioritaria para el desarrollo rural; sobre la elaboración de programas orientados a la producción y comercialización de productos ofertados por los agentes de la sociedad rural y sobre el fomento de las exportaciones de los productos en los términos del artículo 51 de la Ley; IV. Opinar sobre las regiones de atención prioritaria a las que se refiere el artículo 63 de la Ley; V. Conocer y opinar sobre los asuntos que en materia concurrente desarrollen la Secretaría con la autoridad federal correspondiente; VI. Coadyuvar con las acciones de fomento de las políticas de población en el medio rural que instrumenten las autoridades de salud y educativas del Distrito Federal; VII. Proveer lo conducente para su correcto funcionamiento; y VIII. Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables.