Artículo 41 del Reglamento de la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas del Delito en Materia de Trata de Personas del Distrito Federal

La Procuraduría General de Justicia tiene la obligación de atender de manera personal y con respeto a las víctimas, ofendidos y testigos de delitos de trata de personas, usando un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. También debe darles asesoría legal gratuita para ayudarlos en los trámites de protección y asistencia. Tiene que proteger su identidad y su salud física y mental, y si son personas con discapacidad, extranjeras, indígenas o de pueblos originarios que no hablen español, debe conseguirles de inmediato intérpretes y traductores que conozcan su idioma y cultura. La Procuraduría debe mantener su página de internet actualizada con información sobre cómo prevenir estos delitos y a dónde acudir si eres víctima o sabes de algún caso. Por último, tiene que capacitar a su personal, coordinar bases de datos, proponer estudios y políticas públicas, e iniciar investigaciones para garantizar justicia y protección a las víctimas.

Texto oficial

Artículo 41. Corresponde a la Procuraduría General de Justicia: I. Proporcionar los servicios de atención personalizada a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia de trata, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, a través de personal especializado, en los espacios destinados para dicho fin, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General; II. Brindar asesoría jurídica a las víctimas, testigos y ofendidos de los delitos previstos en la Ley General, en el trámite y ejecución de las medidas necesarias para su protección, atención y asistencia; III. Salvaguardar la identidad, integridad física y psicológica de las víctimas, ofendidos y testigos y, en caso que éstos sean personas con discapacidad, personas extranjeras, indígenas o habitantes de pueblos originarios del Distrito Federal, y no hablen el idioma español, tomar las medidas necesarias e inmediatas para que cuenten con las ayudas técnicas, la asistencia de intérpretes y traductores que tengan pleno conocimiento y experiencia del idioma a traducir, así como de la cultura y costumbres de las personas anteriormente señaladas; IV. Mantener información actualizada en su portal o página de internet, tendiente a la atención y prevención de los delitos previstos en la Ley General, así como los medios e instancias de dicha Procuraduría a los que podrá acudir cualquier persona que haya sido víctima o conozca hechos relacionados con los delitos previstos en la Ley General; en el que además se informen las acciones que ejecuta la Procuraduría para la protección, atención y asistencia a las víctimas de dichos delitos; V. Coordinar la elaboración, homologación y actualización de las bases de datos cuantitativas y cualitativas relativas a los delitos previstos en la Ley General, a partir de la información resultante de las investigaciones realizadas por las autoridades competentes; VI. Proponer a la Comisión Interinstitucional, derivado de las bases de datos, la elaboración de diagnósticos, estudios especializados y la implementación de políticas públicas; VII. Capacitar de manera permanente al personal encargado de la atención a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos previstos en la Ley General, así como al encargado de la investigación de éstos; VIII. Dictar o solicitar las medidas de protección, asistencia y acceso a la justicia correspondientes, garantizando en todo momento los derechos de las víctimas, ofendidos y testigos; IX. Iniciar las investigaciones correspondientes, con base en las disposiciones contenidas en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley General; X. Establecer mecanismos de verificación, monitoreo y evaluación de los centros de atención a víctimas de los delitos previstos en la Ley General, así como de aquellos centros que brinden protección, atención y asistencia a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas; XI. Impulsar la investigación científica que permita la difusión e información acerca de los riesgos y alcances que conlleva la comisión de los delitos previstos en la Ley General, así como aquella que tenga por objetivo desarrollar mecanismos adecuados para brindar protección, atención y asistencia a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas; XII. Participar, en el ámbito de sus competencias, en la elaboración y aplicación de protocolos o lineamientos para la detección, canalización, protección, atención y asistencia a víctimas, ofendidos y testigos de los delitos previstos en la Ley General; XIII. Generar acciones para fortalecer, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, a organizaciones e instituciones privadas cuyo objeto sea la prevención de los delitos previstos en la Ley General y la atención a víctimas, ofendidos y testigos de esos delitos, y que ingresen al mecanismo de registro señalado en el artículo 34, fracción X de este Reglamento. XIV. Las demás que se establezcan en la Ley, el Programa y por la Comisión Interinstitucional.