Artículo 100 de la LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El artículo 100 dice que un acto administrativo (como una multa o una orden del gobierno) se puede anular si pasa algo de esta lista: 1) la persona que lo emitió no tenía autoridad para hacerlo; 2) le faltaron requisitos legales importantes que afectaron tu defensa y cambiaron la decisión final; 3) hubo errores en el proceso que también te perjudicaron y alteraron el resultado; 4) los hechos en los que se basó no eran ciertos, estaban mal entendidos, o se aplicaron mal las reglas; 5) se usó mal el poder discrecional (la libertad que tiene la autoridad para decidir) para algo diferente a lo que la ley permite; o 6) hubo injusticia, arbitrariedad o algo similar. Además, hay ciertos errores pequeños, como fallas en un citatorio o en una notificación, que no se consideran graves si al final no te afectaron o no cambiaron la decisión final.

Texto oficial

Artículo 100. Se declarará que un acto administrativo es nulo cuando se demuestre alguna de las siguientes causas: I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución. II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso. III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada. IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto. V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades. VI. Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquiera otra causa similar. Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones II y III del presente artículo, se considera que no afectan las defensas del particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios siguientes: a) Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden. b) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba notificarse. c) Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento, siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con el interesado o con su representante legal. d) Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitadas. e) Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsa a terceros, si la resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados. f) Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el acta de visita o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para dichos efectos. Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la Sala al emitir su sentencia, deberá examinar primero aquéllas que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución o acto administrativo impugnado.