Artículo 31 de la LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Si una autoridad ve clarísimo que un daño fue causado por una falla del gobierno y que ya está bien calculado cuánto vale ese daño y cuánto se debe pagar, puede decidir usar un proceso más rápido. Ese proceso puede empezar antes de que se haga una audiencia normal. Te darán solo 5 días hábiles para entregar pruebas como documentos, fotos, videos o peritajes; en ese mismo tiempo tú y la autoridad pueden ponerse de acuerdo para terminar el asunto. Después de recibir tus pruebas, la autoridad tiene otros 5 días hábiles para revisarlas y luego hasta 5 días hábiles más para decir su fallo final, donde debe explicar cómo el gobierno te causó el daño, cuánto vale y cómo te van a pagar.

Texto oficial

Artículo 31.- Cuando de las actuaciones, documentos e informes del procedimiento, el órgano de conocimiento considere que son inequívocas la relación de causalidad entre el daño y la actividad administrativa irregular de los Entes Públicos, la valoración de la lesión patrimonial y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio o a petición de parte interesada, un procedimiento abreviado en los siguientes términos: I. Se podrá iniciar antes de la verificación de la audiencia a que se refiere el artículo 57 o correlativo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; II. Se concederá un plazo de cinco días hábiles al interesado para que ofrezca pruebas, tales como la: documental, instrumental, pericial, reconocimiento e inspección judicial, fotografía, videograbación y las demás que se establezcan en las disposiciones que resulten aplicables; a partir del acuerdo que determine el inicio de dicho procedimiento, tiempo durante el cual las partes, podrán también dar por terminado el procedimiento mediante convenio, y III. Una vez recibidas las pruebas, se desahogarán éstas y las ofrecidas con antelación, dentro de los cinco días hábiles siguientes, y la autoridad deberá emitir la resolución o sentencia en un lapso no mayor a cinco días hábiles, después de concluida aquella, en la que se determinará la relación de causalidad entre la actividad administrativa irregular de los Entes Públicos y el daño producido; la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización, considerando los criterios previstos en la presente Ley.