Artículo 27 de la LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INMOBILIARIOS DEL DISTRITO FEDERAL

Si alguien incumple las reglas de esta Ley, las autoridades encargadas (como la Secretaría o el Instituto de Verificación Administrativa) pueden aplicar castigos sin seguir un orden fijo. Los castigos posibles son: una llamada de atención por escrito, una multa que va del 50% al 100% de lo que cobró el profesional inmobiliario, suspender su certificado o registro de 6 meses a 1 año, cancelarlo de manera definitiva, o incluso arrestarlo hasta por 36 horas. Además, si las autoridades descubren que alguien usó documentos falsos o cometió un delito, tienen que avisarle al Ministerio Público para que investigue.

Texto oficial

Artículo 27. Las violaciones y faltas a lo establecido en la Ley y su Reglamento, serán sancionadas por la Secretaría o el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, según lo determine esta Ley, sin que para ello sea necesario que se ciña al orden que a continuación señala: I. Amonestación; II. Apercibimiento; III. Multa por el equivalente del 50% al 100% (cincuenta al cien por ciento) de la cantidad obtenida como pago por los servicios que preste el Profesional Inmobiliario, dicha multa se fijará de manera proporcional y equitativa por la Secretaría considerando lo establecido en el Artículo 28 de esta Ley; IV. Suspensión de seis meses a un año de la Certificación o Registro; V. Suspensión de seis meses a un año del Registro de los Capacitadores Inmobiliarios; VI. Revocación definitiva de la Certificación y Registro del Profesional Inmobiliario; VII. Revocación definitiva del Registro de los Capacitadores Inmobiliarios; VIII. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas que podrá ser conmutable. En caso de que la Secretaría o el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, tenga conocimiento por sí, o por terceras personas del uso indebido de cualquier documentación, realización de actos, o conductas que estime constitutiva de ilícito penal en relación a los actos de profesionales inmobiliarios, se pondrá en conocimiento del Ministerio Público.