Artículo 131 de la LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La supervisión debe checar que todo esté en orden, sin importar lo que digan la Consejería o el Reglamento. Esto incluye: que los policías tengan un control estricto de las boletas que entregan a los presuntos infractores; que las boletas que llegan al juzgado sean las mismas que reportan los policías; que los expedientes de cada caso tengan las razones y leyes correctas, y que los del juzgado cívico actúen legal y justamente. También hay que ver que las multas se paguen como dice la ley, que estén visibles los derechos de los involucrados, que el juzgado tenga suficiente personal y equipo, que los informes se entreguen a tiempo y, sobre todo, que se respeten los derechos humanos de todos.

Texto oficial

Artículo 131.- En la supervisión deberá verificarse, independientemente de lo que dicte la Consejería y lo establecido en el Reglamento, cuando menos lo siguiente: I. Que exista un estricto control de las boletas con que remitan las personas policías a las personas probables infractoras; II. Que exista total congruencia entre las boletas de remisión presentadas al juzgado y las reportadas por las personas policías, mediante los mecanismos que determine la Consejería en coordinación con la Secretaría; III. Que los expedientes de cada uno de los procedimientos iniciados estén integrados con la debida motivación y fundamentación aplicable al caso concreto, y conforme a lo establecido por esta Ley y que la actuación del personal del juzgado cívico se lleve a cabo en cumplimiento de los principios de legalidad y debido proceso. IV. Que las constancias expedidas por la Persona Juez se refieran a hechos asentados en los registros a su cargo; V. Que el entero de las multas impuestas se realice en los términos de esta Ley y conforme al procedimiento respectivo; VI. Que se exhiba en lugar visible el contenido de los artículos 26, 27, 28 y 29 de esta Ley, así como los datos relativos a los lugares de recepción de quejas relacionadas con el despacho de los asuntos que son competencia de la Persona Juzgadora; VII. Que el Juzgado cuenta con los elementos humanos y materiales suficientes para prestar el servicio; VIII. Que los informes a que se refiere esta Ley sean presentados en los términos de la misma, y IX. Que en todos los procedimientos se respeten los derechos humanos y las garantías constitucionales de los involucrados.