Artículo 55 del CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Imagina que tienes cosas guardadas en un juzgado o en la fiscalía y te dicen que puedes recogerlas. Si pasan 20 días desde que te avisaron y no las reclamas, estas cosas pasan a ser propiedad de la institución (la Fiscalía o el Tribunal). Esas cosas se pueden vender, destruir o usar, y el dinero que se obtenga va a fondos para apoyar la justicia en la Ciudad de México. Para venderlas, primero tienen que hacer un avalúo (calcular cuánto valen). Cuando decidan que ya son de la institución, te tienen que notificar de manera oficial, como en tu domicilio o por anuncios públicos.

Texto oficial

ARTÍCULO 55.- (Destino de los Bienes Abandonados). Los bienes que se encuentren a disposición de la autoridad judicial que no hayan sido decomisados y que no hayan sido recogidos por quien tenga derecho a ello, o a disposición de la autoridad investigadora y que no hayan sido recogidos por quien tenga derecho a ello, en un plazo de veinte días naturales contados a partir de la notificación al interesado de la resolución judicial o determinación ministerial que ordene su devolución, a partir de que fenezca el término de notificación por la que se requiere al interesado para acreditar la propiedad del bien causarán abandono a favor de la institución ante la cual se encuentren a disposición ya sea la Procuraduría General de Justicia o del Tribunal Superior de Justicia, ambos del Distrito Federal, y podrán ser enajenados, destruidos o aprovechados y, de ser el caso, el producto se aplicará a los Fondos de Apoyo a la Procuración o Administración de Justicia en el Distrito Federal, según proceda. Respecto a la enajenación referida en el párrafo anterior, deberá contarse con el avalúo respectivo, y para tal efecto, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, podrá celebrar convenios con instituciones públicas. El acuerdo por el que se determine que los bienes han causado abandono deberá notificarse personalmente en el domicilio del interesado, por estrados, por boletín judicial o mediante edictos que se pagarán con recursos de los fondos mencionados, según proceda y el listado de los bienes se podrá publicar en algún medio electrónico. CAPÍTULO VIII SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DE DERECHOS, DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS, COMISIONES O EMPLEOS