Artículo 34 de la LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El artículo 32 dice qué puede hacer el jefe de cada Alcaldía en temas de movilidad (cómo moverte en la ciudad) y vía pública (calles, banquetas y plazas). Por ejemplo, puede crear programas y obras para que todos puedan usar las banquetas y espacios sin problemas, cuiden a los peatones y fomenten caminar o usar bicicleta. También puede dar permisos para usar la calle en eventos o poner letreros, siempre sin dañar su propósito original. Además, puede arreglar y cuidar los espacios públicos como parques o centros deportivos que le toquen, y hasta recuperar bienes públicos que estén en manos de particulares.

Texto oficial

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la accesibilidad y el diseño universal; II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado; III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima; IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; VI. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable; VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para el trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de gobierno; VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en la normatividad aplicable; y IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso.