Artículo 19 de la LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Las personas defensoras públicas tienen que hacer su trabajo siguiendo la ley y respetando los derechos humanos. Su servicio de orientación, asesoría y defensa legal es completamente gratuito. En los juicios penales, deben asegurarse de que el acusado sea tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario, y tienen que usar todos los recursos legales para evitar que la persona quede sin defensa. También deben tratar a los usuarios con amabilidad y respeto, y mantenerse capacitados para dar una buena defensa. Si alguien se queja del trato en la cárcel, el defensor debe reportarlo a sus jefes para que se tomen medidas.

Texto oficial

ARTÍCULO 19. Las obligaciones de las personas Defensoras Públicas serán: I. Realizar sus funciones con apego al orden jurídico y respeto a los Derechos Humanos; II. Prestar el servicio de orientación, asesoría, asistencia y patrocinio jurídico de manera gratuita y en los términos establecidos en el presente ordenamiento y su reglamento; III. Hacer valer el principio de presunción de inocencia en los procesos penales orales en que actúen en el desempeño de sus funciones; IV. Promover los medios de impugnación que prevea la ley cuando considere que existe violación en la legalidad de la detención; V. Realizar todas las actividades necesarias para garantizar que las personas sujetas a proceso penal oral, cuenten una defensa adecuada; VI. Vigilar, promover y hacer valer los recursos procedentes para que a las personas que asistan en los procesos penales orales se les respete el derecho al debido proceso; VII. Tomar los cursos de capacitación y prepararse adecuadamente para que a las personas que asistan en los procesos penales orales les brinden una defensa técnica; VIII. Procurar en todo momento el derecho de defensa, velando por que la persona imputada conozca inmediatamente los derechos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Instrumentos internacionales, así como las leyes que de ella emanen; IX. Ofrecer en la etapa intermedia o de preparación del juicio los medios de prueba pertinentes que se desahogarán en la audiencia de juicio oral y promover la exclusión de los ofrecidos por el Ministerio Público o víctima u ofendido cuando no se ajusten a la ley; X. Procurar la justicia restaurativa y los mecanismos alternativos en la solución de controversias; XI. Participar en la audiencia de debate de juicio oral, en la que podrá exponer sus alegatos de apertura, desahogar las pruebas ofrecidas, controvertir las de los otros intervinientes y formular sus alegatos finales; XII. Informar a sus superiores jerárquicos de las quejas que los usuarios les hagan saber sobre el trato que reciban en los centros o establecimientos penitenciarios, para los efectos legales conducentes; XIII. Comparecer oportunamente cuando sean requeridos ante el órgano jurisdiccional competente; XIV. Asistir a las personas sujetas a proceso penal oral en las etapas de investigación, intermedia, la de Juicio y de ejecución de penas, cuando hayan sido designados y la norma vigente así lo señale; XV. Hacer uso de los medios de defensa necesarios para evitar la indefensión del usuario del servicio; XVI. Interponer los recursos procesales procedentes en beneficio de su representado, así como el juicio de amparo cuando los derechos humanos de sus representados se estimen violados; XVII. Ofrecer los medios probatorios que beneficien a su representado; XVIII. Brindar a la personas usuarias del servicio un trato amable, respetuoso, profesional y de calidad humana; XIX. Cumplir sus funciones con imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, grupo étnico, religión, género, preferencia sexual, condición económica o social, edad, ideología política o por algún otro motivo; XX. Impedir, en el ámbito de sus atribuciones, que se infrinjan actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y velar por la vida e integridad física y psicológica de las personas representadas, con la obligación de denunciar estos actos a la autoridad competente; XXI. Actuar de manera inmediata cuando en las controversias en las que participe se vean afectadas personas menores de edad; XXII. Intervenir en cualquier fase del procedimiento, tratándose de adolescentes, desde que es puesto a disposición de la autoridad hasta la aplicación de las medidas; XXIII. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en términos de las disposiciones legales aplicables; XXIV. Ingresar los datos de los asuntos a su cargo en el Registro de la Defensoría Pública en los términos que señale el reglamento de esta ley; XXV. Formar y resguardar un expediente de cada uno de los asuntos a su cargo; XXVI. Llevar una agenda de citas, audiencias, comparecencias y diligencias de los asuntos que tengan encomendados; XXVII. Rendir a la persona Jefa de Defensores informe escrito de sus actividades, en los términos que señale el Reglamento; XXVIII. Presentar y acreditar los exámenes de control de confianza que se les programen en la Contraloría; XXIX. Acreditar los programas anuales de capacitación de la Defensoría Pública del Distrito Federal; y XXX. Las demás que señale la presente ley, su reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables.