Artículo 35 de la LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Tú, como persona que usas el servicio de la Defensoría Pública, tienes derecho a que tu abogado o abogada de oficio te trate con respeto y dignidad. También no te puede pedir dinero ni regalos por hacer su trabajo, y debe explicarte cómo va tu caso, qué estrategias va a usar y qué sigue en el proceso legal. Además, si necesitas ayuda psicológica, te debe canalizar al lugar correcto, y si usan sistemas o tecnología para manejar tu caso, tienes derecho a saber cómo te afecta y que siempre haya una persona responsable revisando tu situación.

Texto oficial

ARTÍCULO 35. Las personas usuarias del servicio de Defensoría tendrán derecho a que las personas defensoras públicas y sus auxiliares: I. Les presten los servicios legalmente encomendados, bajo los principios enunciados en esta ley; II. Las traten con la atención y el respeto debido a su dignidad humana, absteniéndose de cualquier acto u omisión que cause la deficiencia de dicho servicio; III. No les soliciten por sí o por interpósita persona, acepten o reciban prestación, favor material o cualesquier otra carga por el desempeño de su función. IV. Las asistan en las diligencias ministeriales y judiciales que se requiera; V. Utilicen los mecanismos de defensa que conforme a la legislación aplicable corresponda; VI. Les informen del estado procesal que guarda su situación y de cuáles serán los medios y estrategias de defensa empleadas por la persona Defensora Pública, así como las diligencias a practicarse; VII. Las canalicen a la instancia competente de la Ciudad de México para que reciba atención psicológica, en los casos necesarios; VIII. Les informen sobre la conveniencia y efectos jurídicos de los convenios; IX. Conocer si los sistemas electrónicos o herramientas tecnológicas utilizadas por la Defensoría Pública influyen en la gestión, seguimiento o asignación de su asunto, garantizando siempre revisión y responsabilidad humana; y X. Las demás que señale la presente ley, su reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables.