Artículo 148 de la LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Este artículo dice que los políticos y funcionarios públicos más importantes del país tienen que declarar sus bienes, ingresos y si tienen algún conflicto de interés sin que nadie se los pida. Por ejemplo, aplica para diputados, senadores, gobernadores, ministros de la Suprema Corte, jueces, secretarios de Estado y jefes de gobierno de la Ciudad de México, entre otros. Lo que pasa es que el gobierno les va a mandar por escrito las preguntas que deben contestar sobre su situación económica y laboral. Esta declaración la tienen que hacer por obligación, no porque alguien los denuncie o investigue.

Texto oficial

Artículo 148. Los representantes de elección popular de la federación, entidades federativas y de la Ciudad de México; ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, las personas servidoras públicas que sean ratificados o nombrados con la intervención de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o los congresos locales y de la Ciudad de México, los Secretarios de Despacho del Poder Ejecutivo Federal, los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, demarcaciones territoriales y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, y los equivalentes en las entidades federativas, los titulares de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgue autonomía, los magistrados y jueces de los Tribunales de Justicia de la Ciudad de México y de las entidades federativas, los consejeros de los Consejos de la Judicatura de la Ciudad de México o sus equivalentes de las entidades federativas, y los titulares de los órganos a los que las constituciones locales les otorguen autonomía, rendirán su declaración por oficio, para lo cual les serán enviadas por escrito las preguntas y repreguntas correspondientes.