Artículo 18 de la LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 18. La Comisión tiene 14 trabajos importantes: I. Hacer un plan de trabajo siguiendo las leyes generales y el programa de ayuda a víctimas, coordinándose con la Comisión Ejecutiva. II. Cada año hacer un reporte de resultados y enviarlo al Jefe de Gobierno y al Congreso de la Ciudad de México. III. Lograr que todas las autoridades (gobierno, jueces, policías, fiscales y organizaciones civiles) trabajen juntas para ayudar a las víctimas, como dice la ley. IV. Revisar y calificar si las políticas y programas están funcionando bien, usando las reglas de las autoridades federales. V. Juntar datos y números para proponer al Jefe de Gobierno políticas que tomen en cuenta las diferencias entre personas (como género, cultura o discapacidad) y los derechos humanos. VI. Firmar acuerdos con asociaciones y fundaciones que tengan que ver con ayudar a víctimas. VII. Sugerir a la Comisión Intersecretarial (un grupo de secretarías) ideas para el programa nacional contra estos delitos. VIII. Hacer que el gobierno federal, estatal, municipal y las alcaldías colaboren con asociaciones civiles para prevenir y combatir delitos graves. IX. Fomentar y firmar convenios entre instituciones para trabajar juntos. X. Proponer formas de difundir materiales para prevenir los delitos que menciona la ley. XI. Crear programas para ayudar a que las víctimas de trata de personas se reúnan con su familia y se reintegren a la sociedad. XII. Hacer campañas para que la gente denuncie estos delitos y así atrapar y deshacer las redes criminales.

Texto oficial

Artículo 18. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: I. Diseñar el proyecto de Programa, de conformidad con las Leyes Generales y armonizado con el Modelo y Programa Integral de Atención a Víctimas, en coordinación con la Comisión Ejecutiva; II. Elaborar un informe anual de los resultados obtenidos del Programa que será remitido a la Jefatura de Gobierno y al Congreso de la Ciudad de México; III. Establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades de la Ciudad de México que integran la Administración Pública, el Poder Judicial, la Fiscalía, así como las Instituciones y las organizaciones de la sociedad civil, en los términos y para los efectos previstos por la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas; IV. Revisar y evaluar la eficacia de las políticas, programas y acciones con base en los lineamientos que para tal efecto desarrollen las autoridades federales; V. Recopilar los datos estadísticos que, de conformidad con el presente ordenamiento, deban generarse con la finalidad de analizar y proponer a la Jefatura de Gobierno la instrumentación de políticas públicas bajo un enfoque diferencial, especializado, de derechos humanos y con perspectiva, intercultural y de género; VI. Promover la celebración de convenios con asociaciones, fundaciones y demás organizaciones de la sociedad civil que tengan relación con el objeto de la Ley General; VII. Proponer a la Comisión Intersecretarial a que se refiere la Ley General, contenidos nacionales y regionales para ser incorporados al Programa Nacional; VIII. Promover mecanismos de colaboración con instancias federales, estatales o municipales, así como con alcaldías y organizaciones de la sociedad civil, orientados a prevenir y combatir los delitos contenidos en la Ley General; IX. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación; X. Proponer estrategias para la difusión de materiales orientados a la prevención de los delitos previstos en la Ley General en todas sus formas y modalidades; XI. Establecer programas de asistencia y apoyo para la reunificación familiar y social de las víctimas del delito de trata de personas; XII. Realizar campañas para promover la denuncia de los delitos objeto de esta Ley y lograr la detección, persecución y desarticulación de las redes delictivas de los delitos previstos en la Ley General; XIII. Desarrollar programas educativos sobre sensibilización de los riesgos en el uso de internet, redes sociales e importancia de supervisión a las niñas, niños y adolescentes; y XIV. Proponer la adopción de medidas legislativas y administrativas a fin de erradicar los factores de vulnerabilidad de las víctimas de los delitos contenidos en la Ley General y las demás contenidas en este ordenamiento. CAPÍTULO II DE LA INTERVENCIÓN Y COORDINACIÓN