Artículo 50 del REGLAMENTO DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Las personas que están en un centro penitenciario (en un régimen abierto o semiabierto) tienen estos derechos extras, además de los que ya les da la ley: - Que las traten con respeto y como seres humanos. - Recibir atención médica y, si quieren, apoyo religioso, siempre que no ponga en riesgo su salud o la seguridad del lugar. - Trabajar, capacitarse, estudiar, hacer deporte o cuidar su salud. - Recibir visitas de su familia y visitas íntimas en los días y horas que el centro permita. - Saber cómo va su situación legal, pedir una cita con algún funcionario para quejarse o preguntar algo, y no tener que pagar por comida, visitas, atención médica ni otros servicios del centro. - Usar el teléfono público, con las reglas que haya. - Si se mete en una pelea o falta, tiene derecho a que le expliquen qué pasó y a recibir ayuda legal.

Texto oficial

Artículo 50. Además de los derechos que se encuentran contemplados en la Ley de Centros Penitenciarios y en la Ley Nacional, las personas beneficiarias gozarán también de los siguientes: I. Recibir un trato digno y humanitario; II. Recibir asistencia médica y religiosa, esta última de conformidad a la religión que profese, siempre y cuando no se realicen actos contrarios a la salud, integridad física de las personas y la seguridad del Centro Penitenciario; III. Realizar actividades de trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte; IV. Recibir visita familiar y visita íntima, en los días y horarios establecidos por la Institución Abierta, de acuerdo a la normativa aplicable; V. Recibir información de su situación jurídica; VI. Solicitar audiencia y ser recibida o recibido por cualquiera de los funcionarios que laboran en la Institución Abierta, para exponer su queja o requerir información; VII. No pagar para recibir alimentos, visita familiar o asistencia médica; ni por ningún otro servicio proporcionado por la Institución Abierta; VIII. Hacer uso del teléfono público, con las restricciones respectivas; y IX. Recibir información y asistencia jurídica en el caso de que la persona resultara involucrada en alguna disputa o indisciplina.