Artículo 13 de la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de México

Cuando un adulto mayor sufre violencia, el gobierno del Estado y los municipios tienen la obligación de repararle el daño, siguiendo las leyes de derechos humanos y la Ley de Víctimas del Estado de México. Esa reparación incluye tres cosas: primero, que se investigue rápido y sin favoritismos lo que pasó y se castigue a los responsables; segundo, darle a la víctima y a su familia servicios médicos, psicológicos, legales y especializados para adultos mayores, gratis; y tercero, tomar medidas para que la violencia no se repita. Para que no vuelva a ocurrir, el gobierno debe, por ejemplo, crear políticas públicas para perseguir los delitos contra adultos mayores, sancionar a servidores públicos o trabajadores que hayan fallado en su deber, y asegurarse de que todo lo que se haga ayude a acabar con la discriminación contra ellos. En pocas palabras, la ley busca que se haga justicia, se ayude a la víctima a recuperarse y se evite que vuelva a pasar.

Texto oficial

Artículo 13.- Ante la violencia a la que se somete a las Personas Adultas Mayores, en sus diversos tipos y modalidades, el Gobierno del Estado y de los Municipios deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en la legislación vigente en materia de derechos humanos, así como en la Ley de Víctimas del Estado de México y considerar como reparación: I. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar todas las violaciones a derechos humanos vinculadas a la violencia contra las Personas Adultas Mayores y sancionar a las personas responsables; II. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos, gerontológicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las Personas Adultas Mayores víctimas directas o indirectas; III. La satisfacción y no repetición: Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones y erradicación de la impunidad ante la violencia contra las Personas Adultas Mayores. Entre las medidas a adoptar se encuentran: a) La obligatoriedad de los gobiernos estatal y municipales de reparar todo daño causado por la violencia contra las Personas Adultas Mayores; b) La investigación y en su caso sanción de las personas servidoras públicas, y trabajadores de instituciones públicas y privadas bancarias, organizaciones y autoridades ejidales cuyas acciones u omisiones conllevaron a la violación de los derechos humanos de las Personas Adultas Mayores de las víctimas y la impunidad, para sancionarlos conforme a la normatividad correspondiente; c) El diseño e instrumentación de políticas públicas enfocadas a la intervención, persecución y seguimiento de la comisión de delitos cometidos contra las Personas Adultas Mayores, que aseguren el resarcimiento del daño. Asimismo, las relativas a garantizar los derechos de los familiares y/o persona responsable de su cuidado, a ser informados de manera oportuna de las acciones que las autoridades realicen tendientes a sancionar a los presuntos responsables; d) Toda medida reparatoria deberá tener un enfoque transformador del contexto y cultura discriminatoria contra las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de erradicarla. TÍTULO CUARTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTANCIAS RESPONSABLES CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS